Un informe secreto elaborado para el Gobierno británico ha desvelado que más de 28.000 millones de libras procedentes de las arcas públicas británicas acabaron, entre 2015 y 2021, en manos de organizaciones consideradas una amenaza para la seguridad nacional del Reino Unido.
El documento, cuya existencia ha sido revelada por The Telegraph, constituye la primera evaluación oficial destinada a cuantificar cuánto dinero de los contribuyentes terminó beneficiando a grupos terroristas, redes criminales y entidades vinculadas a potencias extranjeras consideradas hostiles. Pese a haber sido encargado por la Oficina del Gabinete en 2023, el estudio nunca llegó a publicarse.
Según las conclusiones recogidas en el informe, parte de esos fondos acabó llegando, de forma directa o indirecta, a empresas relacionadas con Rusia, compañías asociadas al aparato militar chino, integrantes del grupo terrorista Estado Islámico y organizaciones dedicadas a actividades delictivas.
Fuentes consultadas por el diario británico sostienen que el anterior Ejecutivo conservador decidió mantener el documento fuera del debate público debido al impacto político que podría generar el reconocimiento de una desviación de recursos de semejante magnitud.
La investigación identifica diversas vías por las que el dinero público terminó siendo aprovechado por estos actores. Entre ellas figuran ayudas empresariales, subvenciones estatales, fondos para investigación y préstamos extraordinarios aprobados durante la pandemia, algunos de los cuales habrían sido obtenidos mediante fraude o aprovechando deficiencias en los mecanismos de control.
Los autores del informe destacan que una parte significativa de los recursos terminó en manos de redes de delincuencia organizada. Estas organizaciones habrían accedido de forma irregular a prestaciones sociales, ayudas para vivienda y otros programas públicos mediante esquemas fraudulentos diseñados para explotar vulnerabilidades administrativas.
Además, los servicios de seguridad consideran que en determinados casos existieron conexiones entre grupos criminales y gobiernos extranjeros. Una de las hipótesis recogidas apunta a que una red radicada en Europa del Este habría obtenido fondos públicos británicos con el apoyo de un Estado interesado en favorecer la inmigración ilegal hacia el Reino Unido. Las autoridades no han identificado públicamente al país señalado.
Aunque el periodo analizado abarca desde 2015 hasta 2021, la pandemia aparece como uno de los momentos más críticos. La necesidad de distribuir ayudas económicas con rapidez durante la crisis sanitaria abrió brechas que, según los investigadores, fueron aprovechadas tanto por delincuentes comunes como por organizaciones extremistas.
De hecho, un informe remitido al Parlamento británico el pasado diciembre estimó que los programas de apoyo desplegados durante la Covid provocaron pérdidas cercanas a los 10.900 millones de libras debido a errores administrativos y fraudes.
Las revelaciones han impulsado un nuevo debate sobre la llamada «guerra económica», una estrategia mediante la cual determinados actores utilizan mecanismos financieros, empresariales y comerciales para debilitar a sus adversarios. Rebecca Harding, directora del Centre for Economic Security, considera que el caso demuestra que algunos países emplean cada vez más estas herramientas para erosionar la influencia económica de Occidente.
En la misma línea se pronunció Tom Keatinge, experto del centro de estudios RUSI, quien aseguró que ciertos sistemas de ayudas llegaron a convertirse en una fuente de financiación para organizaciones extremistas. A su juicio, resulta imprescindible una cooperación mucho más estrecha entre los organismos de inteligencia y las administraciones encargadas de gestionar recursos públicos.
