El pasado 11 de agosto, en la ciudad de Friedland, una joven refugiada ucraniana de 16 años fue empujada a las vías del tren por un inmigrante iraquí que se encontraba ilegalmente en el país y que debía haber sido deportado hace tiempo.

La víctima, identificada como Liana K., regresaba a su casa mientras hablaba por teléfono con su abuelo cuando, de repente, este escuchó un grito desesperado. Segundos después, un tren de carga que circulaba a unos 100 km/h arrolló a la adolescente.

En un primer momento, la policía intentó presentar el hecho como un accidente. Sin embargo, el testimonio del abuelo y las pruebas forenses desmintieron esa versión. El agresor, un iraquí musulmán de 31 años con antecedentes de esquizofrenia paranoide, llegó incluso a fingir que había «encontrado el cuerpo de manera casual». Las investigaciones posteriores encontraron restos de ADN suyo en el hombro de la joven, lo que permitió confirmar su responsabilidad.

El caso salió a la luz semanas después de ocurrido, cuando la prensa local comenzó a difundir los detalles. Tal como pasó con el asesinato de la refugiada ucraniana Irina Zarutska en Estados Unidos, los medios y las autoridades intentaron minimizar y ocultar lo sucedido.

Lo más alarmante: el asesino ya tenía la solicitud de asilo rechazada y pesaba sobre él una orden de expulsión que nunca se ejecutó. Permanecía en Alemania de manera ilegal, protegido por un sistema que tolera la impunidad y desatiende la seguridad de los ciudadanos.

Este crimen vuelve a poner en el centro del debate el coste humano de las políticas migratorias laxas en Europa: las víctimas son, una vez más, las familias europeas y los refugiados que realmente huyen de la guerra.