Un inmigrante turco condenado por violación recibirá una indemnización tras haber convencido a un tribunal británico de que la tobillera electrónica que debía portar le provocó un fuerte desgaste emocional. Así lo determinó recientemente el juez del Tribunal Superior, Justice Lavender, al considerar que el dispositivo le generaba un «sufrimiento físico y psicológico» debido a su peso y molestias constantes. Ahora, los abogados del caso participarán en el proceso para fijar cuál sería la «compensación adecuada».

El fallo llega en un momento especialmente controvertido, ya que pocos días después de esta resolución judicial el propio Mustafa Taskiran, de 48 años, reconoció haber acosado a una mujer y haberla amenazado con un cuchillo. Su trayectoria delictiva no es nueva: desde que obtuvo el permiso de residencia indefinida en el Reino Unido en 1994, acumuló 54 delitos en una década. Aun así, esquivó un intento de deportación en el año 2009.

La condena más grave llegó en 2014, cuando fue sentenciado a casi siete años de prisión por violación. En 2018 quedó en libertad tras un nuevo revés judicial para las autoridades británicas: Turquía revocó su ciudadanía, lo que imposibilitó ejecutar su expulsión. Desde entonces, vive bajo medidas de control migratorio que incluían el uso del brazalete electrónico ahora cuestionado.

La indemnización ha desatado críticas feroces desde la oposición. El secretario de Justicia en la sombra, Robert Jenrick, lamentó el veredicto y afirmó que la opinión pública «no siente ninguna simpatía» por la supuesta depresión del agresor. Según Jenrick, el sistema permite que delincuentes extranjeros bloqueen su deportación invocando argumentos de derechos humanos.

El Ministerio del Interior, por su parte, reiteró que intenta expulsar a todos los ciudadanos extranjeros que cometen delitos graves, aunque reconoció recientemente, en palabras de la actual titular del departamento, Shabana Mahmood, que la institución «no está preparada para su función». La ministra respondió así a una revisión interna que denunciaba el caos organizativo heredado y la incapacidad del sistema para ejecutar sus propias competencias.

Mahmood anunciará este lunes un paquete de reformas destinado a cerrar lagunas legales que permiten a ciertos migrantes frenar su deportación mediante apelaciones prolongadas. El primer ministro, Sir Keir Starmer, adelantó que los cambios buscan impedir «recursos interminables» y agilizar la salida de quienes no tienen derecho a permanecer en el país. El Gobierno presentará los detalles en el Parlamento con la intención de iniciar cuanto antes la remodelación del marco migratorio británico.