Un nuevo informe del Gobierno francés sobre el entrismo de la Hermandad Musulmana en el país ha destacado el interés de los islamistas por el entorno educativo y asistencial, especialmente cuando se trata de jóvenes sin respaldo familiar ni estructura emocional estable. Esta tendencia ha generado alarma entre expertos y juristas, que advierten que los centros de acogida de menores, concebidos como espacios de protección, se han convertido en terreno fértil para la infiltración ideológica y el adoctrinamiento islamista.
El fenómeno se agrava por la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encuentran muchos de estos menores. Adolescentes entre los 15 y 18 años, que comienzan a distanciarse del control institucional, se ven fácilmente captados por redes extremistas, criminales o incluso vinculadas al tráfico de personas. La combinación de carencias afectivas, abandono institucional y exposición a ideologías radicales crea un caldo de cultivo perfecto para que estos jóvenes sean instrumentalizados con fines propagandísticos o incluso terroristas.
Casos recientes lo ilustran con crudeza. A finales de marzo, un joven de 16 años atacó brutalmente a un rabino en la ciudad de Orleans. Se trataba de un menor fugado de un centro juvenil. Unos meses antes, en noviembre de 2023, otro adolescente de la misma edad fue imputado por hacer apología del terrorismo y por su presunta implicación en una célula islamista, tras haber difundido mensajes a favor del Estado Islámico y consumir propaganda yihadista en línea.
La situación en los albergues de emergencia es especialmente crítica. Lejos de funcionar como refugios seguros, se han transformado en zonas grises donde los reclutadores islamistas operan con total libertad. En estos espacios, que alojan a menores de manera transitoria, el personal suele estar escasamente preparado, mal remunerado y abrumado por la carga de trabajo, lo que impide una supervisión efectiva y deja la puerta abierta a la manipulación religiosa y política.
Algunos de estos centros reciben adolescentes que no dominan el francés y sólo se comunican en árabe, como ocurre con muchos menores llegados de Siria. Esta barrera lingüística, unida a la falta de formación del personal, facilita que individuos con perfiles aparentemente inofensivos, como «educadores» o «colaboradores», puedan introducir discursos islamistas radicales sin ser detectados. Según denuncian fuentes judiciales, en ciertos centros se han normalizado prácticas como la suspensión de clases de natación para niñas, la instauración de rezos colectivos o la entrega sistemática de menús halal para «evitar conflictos», en una clara cesión a las exigencias religiosas.
La intervención de organizaciones vinculadas al islamismo político ha reforzado aún más esta dinámica. Entidades como Secours Islamique France, cuyas conexiones con la Hermandad Musulmana están documentadas, han centrado su acción en el ámbito de la infancia en riesgo, camuflando su activismo ideológico bajo la apariencia de ayuda humanitaria. Mientras tanto, las alertas internas sobre la radicalización o la vulneración de los principios laicos en los centros son, en el 70% de los casos, archivadas sin mayor seguimiento por las autoridades competentes.
La negligencia institucional en todos los niveles ha generado un vacío que los movimientos islamistas han sabido aprovechar con eficacia. Así lo denuncian figuras como Manon Sieraczek y Thierry Froment, abogadas especializadas en derecho de menores, quienes insisten en que el Estado debe asumir un rol más firme si quiere evitar que sus propias estructuras sociales se conviertan en plataformas de radicalización. Por ahora, sin embargo, la pasividad administrativa está permitiendo que el adoctrinamiento avance entre los más indefensos.
