Las autoridades suecas han vuelto a bloquear la expulsión de un inmigrante condenado por delitos sexuales. En esta ocasión, se trata de un taxista eritreo de 26 años, acusado de violar a una pasajera en la ciudad de Östersund en septiembre de 2024.
El hombre, que llegó a Suecia en 2017 como reagrupado familiar, fue denunciado por una mujer que, según el sumario, estaba gravemente intoxicada cuando subió al vehículo. Durante el trayecto, el conductor introdujo sus dedos en la vagina de la víctima, un acto que la ley sueca equipara a una relación sexual sin consentimiento.
Aunque el acusado admitió parcialmente los hechos, negó haber cometido una violación. La mujer declaró ante la Policía que no estaba en condiciones de consentir ningún tipo de contacto sexual.
El fiscal jefe Stefan Ekeroth ha solicitado para el agresor una pena de prisión seguida de deportación, pero el Consejo de Migración sueco se ha opuesto al considerar que Eritrea presenta «condiciones inhumanas o degradantes» debido a su sistema de conscripción militar obligatoria, por lo que la expulsión «no puede ejecutarse».
El abogado del organismo, Michael Rönndahl, argumentó en un informe que el acusado «podría ser sometido a castigos inhumanos o tratos degradantes» si regresara a su país. En consecuencia, el inmigrante seguirá en Suecia tras cumplir condena.
El caso se suma a una larga lista de delitos sexuales cometidos por extranjeros en el país nórdico. Hace pocas semanas, otro taxista eritreo de 44 años fue condenado por acosar a una menor de 17 años, a quien le propuso mantener relaciones durante un trayecto y fue sancionado únicamente con una multa de 8.000 coronas (unos 730 euros).
También conmocionó al país la violación de la joven sueca Meya Åberg, de 16 años, atacada por un inmigrante africano en Skellefteå. Pese a ser condenado a tres años de prisión, el agresor tampoco fue deportado, ya que el tribunal consideró que el delito «no era lo suficientemente grave».