El inmigrante eritreo Yazied Mohamed llegó a Suecia como solicitante de asilo cuando aún era menor. Años después, en septiembre de 2023, atacó y violó a la joven sueca Meya Åberg, de sólo 16 años, mientras regresaba a su casa tras una jornada de trabajo.
El caso, que sacudió a la opinión pública sueca, ha tenido un desenlace inesperado. El Tribunal de Apelación de Upper Norrland ha decidido que el crimen “no fue extremadamente grave”, por lo que el violador no será deportado. El argumento de los magistrados es que la agresión fue “de corta duración”.
Así y a pesar de haber sido declarado culpable, Mohamed sólo pasará tres años en prisión y deberá pagar 240.000 coronas suecas (unos 22.000 euros) a su víctima. Meya, hoy de 17 años, sigue luchando con las secuelas. Apenas ha podido volver al colegio, sufre pesadillas y confiesa que siente miedo de salir sola a la calle.
No todos los jueces estuvieron de acuerdo con el fallo. Uno de los nämdemän (jueces legos), Sammy Lie, representante de los Demócratas de Suecia, calificó el delito como “particularmente grave” y advirtió de que mantener al agresor en el país “supone un riesgo para la seguridad y el orden público”. Su voto, sin embargo, fue ignorado por el resto del tribunal.
Los nämdemän son ciudadanos comunes elegidos por los partidos políticos que participan junto a jueces profesionales en determinados procesos judiciales. Su papel, teóricamente, es aportar una visión ciudadana al juicio.
El caso de Meya Åberg se ha convertido en un símbolo de lo que ocurre cuando la ideología de la inmigración sin límites y el miedo a la deportación pesan más que la justicia y la seguridad de las mujeres.
