Un tribunal de apelación de Berlín ha ordenado a la red social X (antes Twitter) que facilite acceso a datos públicos relacionados con las próximas elecciones parlamentarias en Hungría, previstas para el 12 de abril, a dos ONG con sede en Alemania y respaldadas financieramente por la Unión Europea.

La decisión judicial, adoptada el 17 de febrero, responde a una demanda presentada por la ONG Democracy Reporting International (DRI), con el apoyo de la Sociedad para los Derechos Civiles (GFF), después de que la plataforma rechazara en noviembre entregar la información solicitada.

DRI argumentó que necesitaba esos datos para evaluar posibles riesgos de desinformación o interferencia extranjera en el proceso electoral húngaro. Tras la negativa de X, el caso escaló hasta el tribunal superior berlinés, que falló que la empresa debe cumplir en virtud de la Ley de Servicios Digitales (DSA) de la Unión Europea, normativa que otorga a determinados investigadores el derecho a acceder a datos de grandes plataformas digitales.

La resolución ha generado críticas en sectores conservadores europeos. El think tank MCC Brussels advirtió de que permitir que organizaciones financiadas por la UE accedan a información sensible vinculada a unas elecciones nacionales plantea serias dudas sobre la soberanía democrática. En un comunicado difundido en redes sociales, la entidad subrayó que DRI recibe fondos significativos tanto de la Comisión Europea como del Gobierno alemán, y alertó de que la demanda podría interpretarse como una forma de presión externa más que como un ejercicio de transparencia.

El debate se produce en un contexto de creciente tensión entre las instituciones comunitarias y el Gobierno húngaro, especialmente en materia de Estado de Derecho y políticas nacionales. La aplicación de la DSA en este caso amplía el alcance práctico de la normativa y refuerza la capacidad de actores vinculados a Bruselas para solicitar información en procesos electorales de Estados miembros.

Hace apenas una semana, MCC Brussels anunció la creación del Democracy Interference Observatory (DIO), una iniciativa destinada a analizar y denunciar posibles injerencias de la Unión Europea y actores vinculados a ella en elecciones nacionales dentro del bloque.

La decisión judicial abre así un nuevo frente en el debate sobre el equilibrio entre la lucha contra la desinformación y la protección de la soberanía electoral de los Estados miembros.