La Comisión Europea ha aprobado un nuevo paquete de 81,2 millones de euros en concepto de ayuda humanitaria para la República Democrática del Congo (RDC) y la región de los Grandes Lagos, en una decisión que vuelve a alimentar el debate sobre el creciente gasto exterior de Bruselas mientras los problemas internos en Europa se acumulan.
Del total anunciado, 68 millones de euros irán directamente a financiar asistencia alimentaria, atención sanitaria de emergencia, programas de nutrición, agua, saneamiento y alojamiento básico para desplazados en la RDC. Los 13,2 millones restantes se destinarán a apoyar a refugiados congoleños en países vecinos y a reforzar la preparación ante desastres en la región.
Desde la Comisión se insiste en que el este del país africano atraviesa una de las crisis humanitarias más graves del mundo, marcada por el conflicto armado, desplazamientos masivos y pobreza extrema. Sin embargo, este nuevo desembolso se produce en un contexto en el que la Unión Europea enfrenta inflación persistente, crisis de competitividad, tensiones energéticas y crecientes problemas sociales dentro de sus propias fronteras.
La comisaria europea de Igualdad, Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, ha defendido la medida durante su visita a la región alegando que los civiles están «atrapados entre las balas y el hambre». No obstante, reconoció que «el dinero por sí solo no acabará con el sufrimiento», una afirmación que vuelve a poner en cuestión la eficacia real de estas transferencias millonarias repetidas año tras año.
Mientras Bruselas amplía sus partidas de cooperación exterior, crecen las voces que cuestionan si la prioridad debería centrarse en reforzar la seguridad, la competitividad económica y la estabilidad social dentro de la propia Unión antes de continuar incrementando el papel de la UE como financiador global.
El nuevo paquete para Congo consolida una tendencia que muchos califican de estructural: más fondos comunitarios destinados al exterior sin un debate profundo sobre resultados, control efectivo y retorno político para los ciudadanos europeos que sostienen el presupuesto común.
