Una veterana oficial de policía sueca ha advertido que la islamización representa, a su juicio, un desafío aún mayor para Suecia que la violencia protagonizada por las bandas criminales. Maria Rosander, agente con 17 años de experiencia y dirigente de los Demócratas de Suecia en el condado de Uppsala, sostiene que el país está afrontando un problema estructural que las reformas penales, por sí solas, no podrán resolver.
Rosander considera que el endurecimiento de la legislación contra el crimen organizado está empezando a dar resultados. Según explica, el aumento de las penas, el refuerzo de la vigilancia policial, la utilización de técnicas de investigación encubiertas y una mayor cooperación internacional han contribuido a reducir el número de tiroteos y atentados con explosivos registrados en los últimos años. Aun así, sostiene que esos avances no solucionan el crecimiento de comunidades segregadas ni la expansión de un modelo social paralelo.
En una reciente entrevista, la agente describió la situación que viven las fuerzas de seguridad tras años de incremento de la delincuencia vinculada a redes criminales. Recordó que durante el último año Suecia contabilizó 189 explosiones, además de centenares de atentados frustrados, y 158 tiroteos, una cifra inferior a la registrada en 2022, cuando se alcanzó el máximo de la última década.
Para Rosander, el verdadero problema reside en la falta de integración de parte de la población inmigrante, la radicalización islamista y la consolidación de barrios donde, según afirma, predominan normas sociales distintas a las del resto del país. En su opinión, si no se revierte esa tendencia, Suecia corre el riesgo de llegar a un punto en el que resulte imposible recuperar la cohesión social. «Estamos permitiendo que la islamización avance hasta un punto en el que ya no podremos detenerla. La sociedad está siendo devorada desde dentro», aseguró.
Como ejemplo de esa evolución, la dirigente de los Demócratas de Suecia citó la construcción del Centro Islámico Mezquita de Stenhagen, en Uppsala, proyectado para albergar a unas 1.200 personas. Rosander afirmó que este tipo de infraestructuras favorecen la segregación y denunció que algunas mujeres policías son ignoradas por determinados inmigrantes musulmanes. También sostuvo que muchas niñas residentes en barrios segregados sufren restricciones derivadas de normas relacionadas con el honor y quedan apartadas de la vida pública.
Por ese motivo, defiende paralizar la construcción de la nueva mezquita y reclama medidas como limitar el uso del niqab y el burka en espacios públicos, además de prohibir que los menores lleven velo islámico. A su juicio, estas iniciativas deberían formar parte de una estrategia más amplia destinada a reforzar la integración y preservar los valores de la sociedad sueca.
Rosander también alertó sobre la existencia de fraudes relacionados con las prestaciones sociales. Según explicó, algunas parejas mantendrían matrimonios reconocidos únicamente por la ley islámica mientras figuran empadronadas en domicilios distintos para acceder a ayudas públicas adicionales, una práctica que, afirma, se complementaría con alquileres irregulares y otras formas de fraude económico.
La agente señaló igualmente que muchas organizaciones criminales se estructuran alrededor de grandes clanes familiares, donde los vínculos de parentesco y los códigos de honor dificultan las investigaciones policiales y la actuación de la Justicia. En su opinión, ese funcionamiento guarda similitudes con las organizaciones mafiosas tradicionales.
Finalmente, Rosander sostuvo que Suecia no debería adaptar continuamente sus costumbres a quienes mantienen modelos culturales propios incompatibles, según su criterio, con la sociedad sueca. Aunque reconoce que la reducción reciente de la criminalidad demuestra que las políticas públicas pueden tener efectos positivos, considera que el problema de fondo únicamente podrá abordarse mediante una política firme de integración y, en aquellos casos que estime necesarios, de reemigración o deportación.
