Un tribunal griego ha absuelto este jueves a los 24 cooperantes que fueron procesados por su participación en labores de rescate de inmigrantes en el mar Egeo durante la crisis migratoria de 2015 y 2016, un caso que durante años fue utilizado como símbolo del choque entre las políticas de control fronterizo y la actuación de determinadas ONG en el Mediterráneo.

Entre los absueltos se encuentra Sara Mardini, refugiada siria convertida en activista, que junto al resto de acusados se enfrentaba a penas de hasta 20 años de prisión por delitos como facilitación de la inmigración ilegal, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

El juicio se celebró en la isla de Lesbos, uno de los principales puntos de entrada de la inmigración ilegal en Grecia durante los años de mayor presión migratoria. Los procesados habían colaborado con la ONG Emergency Response Center International (ERCI), hoy disuelta, y fueron detenidos por primera vez en 2018, permaneciendo desde entonces en un prolongado limbo judicial.

Según explicaron abogados presentes en la vista, el tribunal consideró probado que la finalidad de los acusados no era cometer delitos, sino prestar asistencia humanitaria, descartando así la existencia de una estructura criminal organizada. La sentencia pone fin a uno de los procesos judiciales más mediáticos vinculados a la crisis migratoria en el Egeo.

El caso se desarrolló en paralelo al endurecimiento de la política migratoria del Gobierno griego, que en los últimos años ha aprobado leyes más restrictivas tanto para los inmigrantes ilegales como para las organizaciones que operan en el ámbito del asilo y la acogida. Atenas ha defendido estas medidas como necesarias para evitar una repetición del colapso fronterizo vivido hace una década.

La absolución llega después de que en 2023 ya fueran archivados otros cargos menores, como espionaje, y tras casi ocho años de procedimientos judiciales. Aunque diversas organizaciones internacionales celebraron el fallo, el proceso evidenció hasta qué punto la inmigración y la actuación de ONG en frontera se han convertido en un terreno de confrontación política y jurídica en Europa. El tribunal ha indicado que la decisión es firme y no recurrible.