El mayor proceso judicial abierto en Grecia contra el entramado de ONG que operó durante los años más duros de la crisis migratoria ha comenzado este miércoles en Lesbos. Veinticuatro cooperantes —activos entre 2016 y 2021— se sientan en el banquillo acusados de formar parte de una organización criminal, favorecer la entrada ilegal de inmigrantes y blanquear dinero, delitos que pueden acarrear penas de hasta 20 años de prisión.
Las autoridades helenas sostienen que el caso es clave para reforzar la seguridad fronteriza y desmantelar las redes que, bajo la apariencia de «ayuda humanitaria», habrían actuado como engranajes paralelos a las mafias de traficantes que operan en el Egeo. Durante esos años, Lesbos se convirtió en una de las principales puertas de entrada de inmigración ilegal a Europa.
Entre los acusados figura Seán Binder, voluntario de la ONG ERCI arrestado en 2018 junto a la activista siria Sarah Mardini. Binder asegura que su labor era meramente humanitaria, pero la Fiscalía advierte que las “operaciones informales de rescate” interferían en el control fronterizo y podían favorecer las rutas utilizadas por los traficantes.
Desde 2020, Grecia ha endurecido de forma notable su supervisión sobre las ONG que actúan en zonas sensibles, imponiendo normas estrictas de registro, acceso y coordinación. Como consecuencia, ningún grupo de búsqueda y rescate independiente opera ya en Lesbos, aunque las llegadas irregulares siguen produciéndose.
A pesar de las críticas de organizaciones internacionales, el Gobierno griego defiende que el proceso judicial refleja una tendencia creciente en Europa: recuperar el control de las fronteras y limitar la influencia de actores no estatales en la gestión migratoria.
El juicio se presenta así como un punto de inflexión en la estrategia helena para desarticular redes que, según las autoridades, han contribuido a mantener abierto uno de los corredores migratorios más activos del Mediterráneo oriental.
