Los obispos de la Unión Europea han expresado su preocupación después de que una abogada general del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) haya rechazado la solución que propone la Iglesia —y que aplican muchos Estados— para gestionar los registros bautismales cuando una persona renuncia a la fe (apostasía). Según los obispos, obligar a borrar esos datos generaría incertidumbre legal y afectaría a un pilar básico del funcionamiento de la Iglesia.

El 1 de octubre, Laila Medina —una de los once abogados generales del TJUE— presentó su opinión en el asunto C-12/25 (Bisdom Gent), relacionado con la diócesis de Gante, en Bélgica. El caso surge de una pregunta de un tribunal belga al TJUE: cuando una persona se declara apóstata, ¿tiene derecho a que se eliminen sus datos del registro de Bautismo, o basta con añadir una anotación al margen para cumplir con las normas de protección de datos.

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La opinión de Medina no es vinculante, pero marca la dirección que podría seguir el fallo final. En ella, reconoce que se trata de una cuestión compleja. Por un lado, subraya la importancia de respetar la autonomía de las Iglesias y su libertad religiosa, así como el valor que estas dan a una correcta administración de los sacramentos. Por otro, deja bastante margen de maniobra a los tribunales nacionales para que decidan cómo aplicar la norma en cada caso, según informa Alfa y Omega.

Pese a esos matices, la Secretaría General de la Comisión de Conferencias Episcopales de la UE (COMECE) lamenta que, en lo esencial, la abogada general rechace la solución que defiende la Iglesia: añadir una anotación al margen del registro bautismal para reflejar la voluntad de la persona, en lugar de borrar los datos. La entidad eclesial insiste en que la opinión de Medina no reconoce un derecho general ni automático a eliminar datos de los registros bautismales.

COMECE añade que, con esta valoración, la abogada general se aleja de la realidad jurídica en varios Estados miembros. En distintos sistemas legales y modelos de relación entre Iglesia y Estado, la jurisprudencia nacional ya ha aceptado que la anotación al margen es una práctica adecuada para conciliar el derecho a la protección de datos con la naturaleza específica de los registros eclesiásticos..