
La empresa ucraniana BioTexCom prepara para los próximos 12 y 13 de septiembre en Varsovia una conferencia destinada a promocionar programas de vientres de alquiler y fecundación in vitro, en la que ofrecerá reuniones individuales a potenciales clientes y programas de gestación subrogada por importes cercanos a los 65.000 euros.
La iniciativa ha provocado una fuerte reacción en Polonia y el asunto ya ha sido remitido a la Fiscalía, mientras el Instituto Ordo Iuris reclama al ministro de Justicia, Waldemar Żurek, que impida la celebración del encuentro.
La organización provida sostiene que el evento no constituye una simple conferencia informativa, sino «una campaña promocional de un negocio reproductivo comercial que trata el cuerpo de la mujer como un medio de producción y al niño como un producto adaptado a las expectativas del cliente».
BioTexCom, con sede en Ucrania, ha invitado a personas interesadas a mantener reuniones privadas con representantes de la empresa durante el encuentro de Varsovia. Según la información difundida por Ordo Iuris, la compañía comercializa programas de gestación subrogada cuyo coste puede acercarse a los 65.000 euros.
La legislación polaca no contiene una prohibición expresa y específica de toda forma de gestación subrogada, pero los juristas de Ordo Iuris sostienen que determinadas operaciones en las que existe entrega de un menor a cambio de una contraprestación económica podrían encajar en tipos penales relacionados con la trata de seres humanos o la venta de niños.
Se trata, por el momento, de la interpretación jurídica defendida por la organización y no de una conclusión judicial. Precisamente por ello, el caso ha sido trasladado a la Fiscalía para que estudie la situación.
El instituto conservador ha puesto en marcha además una petición dirigida al ministro de Justicia para reclamar que el Gobierno polaco bloquee la celebración del evento. «Un acuerdo por el que un niño es entregado a cambio de un pago puede cumplir la definición de trata de seres humanos», sostiene Julia Książek, del Centro de Derecho Internacional de Ordo Iuris.
La organización denuncia que la industria de los vientres de alquiler se sustenta con frecuencia en mujeres en situaciones económicas vulnerables, mientras los menores pasan a formar parte de contratos comerciales celebrados entre agencias y los denominados padres comitentes.
Ordo Iuris mantiene desde hace años una campaña internacional para conseguir la prohibición de esta práctica y ha presentado informes ante instituciones de la ONU y de la Unión Europea defendiendo que la gestación subrogada comercial debe ser considerada una forma de explotación de la mujer y venta de menores.
La organización polaca colabora además con la relatora especial de Naciones Unidas sobre violencia contra mujeres y niñas, Reem Alsalem, que ha abordado los riesgos de la gestación subrogada en varios de sus informes.
Alsalem ha señalado que entre las mujeres que se convierten en gestantes se encuentran con frecuencia mujeres pobres, madres solteras o inmigrantes, y ha defendido avanzar hacia un modelo internacional de abolición.
Ordo Iuris también trabaja junto a los impulsores de la Declaración de Casablanca, una coalición formada por más de 150 expertos de 75 países que reclama una prohibición universal de los vientres de alquiler.
El instituto defiende ahora la aprobación de un nuevo protocolo internacional de la Convención sobre los Derechos del Niño que prohíba expresamente la gestación subrogada.