El Tribunal Administrativo de Lille (Francia) ha decidido anular la decisión de la prefectura del Norte que privó al instituto musulmán Averroès de Lille de mantener un contrato de vinculación con el Estado. La resolución concluye que la prefectura no demostró con pruebas suficientes las supuestas «violaciones graves de los principios fundamentales de la República» y que, además, el procedimiento seguido estuvo lleno de irregularidades.
Hasta esta suspensión, Averroès era considerado el centro educativo musulmán con contrato más importante de Francia. El prefecto de la región Norte había justificado en diciembre de 2023 la rescisión del convenio, argumentando que ciertos materiales de clase vinculaban al colegio con ideologías salafistas y que los alumnos «podrían estar en peligro». Sin embargo, los jueces no vieron acreditada ni la existencia de tales documentos en la biblioteca del centro ni la supuesta financiación ilícita que se le atribuía.
La asociación que gestiona el instituto calificó el fallo como una «victoria del Estado de derecho» y celebró la restitución inmediata de la relación contractual con el Estado. Uno de sus abogados, Paul Jablonski, defendió que «toda la enseñanza impartida es coherente con los valores de la República», pese a que son segregados por sexos incluso a la hora de comer y las mujeres deben llevar velo.
La prefectura, por su parte, sostiene que existían motivos suficientes para romper el vínculo y el Ministerio de Educación Nacional anunció que estudiará recurrir el fallo, señalando que «las acusaciones minaron la confianza» entre las autoridades y el centro escolar. El propio primer ministro François Bayrou aseguró que respetará la decisión judicial, aunque insistió en la necesidad de encontrar un equilibrio que evite abusos y garantice el cumplimiento de la ley.
En el ámbito político, la reacción fue inmediata. Xavier Bertrand, presidente de la región Hauts-de-France, reclamó que el Estado presente recurso «dada la gravedad de los hechos revelados». En contraste, el diputado de La France insoumise Paul Vannier denunció un «doble rasero escandaloso» al comparar la dureza aplicada contra Averroès con la indulgencia hacia instituciones privadas católicas, como el colegio Stanislas en París, que ha mantenido su contrato.
El episodio ha debilitado financieramente al instituto. Tras la retirada de las subvenciones públicas en 2024, Averroès duplicó las tasas de matrícula y perdió alrededor de 180 alumnos de secundaria, pasando de 470 a 290. Muchos padres optaron por otros centros debido al aumento de costes. Ahora, con la resolución judicial favorable, la dirección espera recuperar estudiantes, aunque advierte de que, sin un respaldo estatal estable, será imposible mantener salarios y profesorado a medio plazo.
El caso también ha avivado el debate sobre la educación confesional en Francia. Para Eric Dufour, tanto la sanción contra Averroès como la decisión que afectó al colegio Al-Kindi cerca de Lyon representan «un ataque frontal» a la enseñanza musulmana privada. Desde la asociación se insiste en que seguirán reclamando la igualdad de trato con otros centros, al tiempo que esperan autorización para ampliar su oferta con una escuela primaria.
