Una feminista francesa fue agredida sexualmente por un inmigrante ilegal que debía haber sido expulsado del país desde 2024 por un delito previo. El ataque se produjo el 30 de octubre en la estación de tren de Montpellier, cuando la mujer intentó defender a dos adolescentes acosadas por el agresor.

La víctima, Vigdis Morisse-Herrera, empresaria y activista por los derechos de las mujeres, regresaba de un viaje desde Sète cuando vio a un hombre hostigando a dos chicas de 16 y 17 años. Intervino para protegerlas, pero el individuo, un inmigrante ilegal ya condenado por agresión sexual, se abalanzó sobre ella y la manoseó.

«Le grité que parara y me tocó las nalgas. Lo agarré por el cuello y comencé a gritar», relató la víctima, quien fundó la organización Opale Care, dedicada a ayudar a mujeres maltratadas.

El agresor fue detenido por trabajadores de la estación y la policía, que confirmaron que contaba con una OQTF (orden de abandonar el territorio francés) emitida hace más de un año. Sin embargo, seguía residiendo libremente en Montpellier, pese a su historial de violencia sexual.

Morisse-Herrera presentó una denuncia formal y mantiene contacto con las dos jóvenes víctimas para ofrecerles asistencia legal y psicológica. El caso, difundido por el colectivo feminista Némésis, ha desatado una ola de indignación en Francia. La organización denunció la «incompetencia del Estado» para ejecutar las deportaciones de delincuentes reincidentes y advirtió de un creciente clima de inseguridad ligado a la inmigración ilegal.

«Francia se ha convertido en un país donde las mujeres pueden ser agredidas por hombres que deberían haber sido expulsados hace años», afirmó una portavoz del colectivo.

Horas después del ataque, cuando regresaba a su domicilio, la activista fue acosada nuevamente por otro hombre que la siguió por la calle y le dirigió comentarios obscenos. Sólo gracias a la intervención de transeúntes pudo llegar a salvo a casa.

El suceso se suma a una larga lista de agresiones cometidas por inmigrantes ilegales en Francia, muchos de ellos con órdenes de expulsión no ejecutadas. Casos similares se han repetido en París, Lyon y Marsella, reflejando la crisis de autoridad del Estado francés frente a la delincuencia importada.