La investigación sobre las bandas de explotación sexual infantil examinará directamente si la etnia, la cultura o la religión influyeron en los delitos y en la forma en que actuaron las instituciones ante estos abusos, en un intento de arrojar luz sobre uno de los episodios más graves registrados en Inglaterra y Gales en las últimas décadas.

El proceso, que tendrá carácter independiente y respaldo legal, se activará tras la presentación de su reglamento ante el Parlamento una vez finalice el receso previsto hasta el 13 de abril. A partir de ese momento, comenzará un análisis en profundidad sobre el funcionamiento de estas redes y la respuesta de organismos públicos como la policía, los servicios sociales, el sistema sanitario, las autoridades locales y los centros educativos.

La investigación estará dirigida por Anne Longfield, quien ha subrayado que durante años muchas víctimas no fueron escuchadas ni protegidas. Según ha explicado, el objetivo es ofrecer respuestas claras y no esperar a un informe final dentro de varios años, sino ir publicando conclusiones de forma progresiva conforme avancen los trabajos.

En este sentido, el equipo contará con amplias facultades, incluyendo la capacidad de obligar a declarar a testigos y exigir documentación a instituciones y organismos implicados. Además, cualquier indicio de delito detectado durante las pesquisas será remitido a Operation Beaconport, la operación policial creada para revisar investigaciones previamente cerradas.

El plan contempla la realización de investigaciones específicas en áreas donde se han detectado fallos especialmente graves en la protección de menores. Una de las primeras localidades confirmadas es Oldham, aunque se espera que el alcance territorial sea más amplio conforme avance el proceso.

Las audiencias serán públicas y se retransmitirán en directo, con publicación posterior de las transcripciones, con el fin de garantizar la máxima transparencia. La investigación tendrá una duración máxima de tres años, con fecha límite en marzo de 2029, y contará con un presupuesto estimado de 65 millones de libras.

La ministra del Interior, Shabana Mahmood, ha calificado estos hechos como uno de los capítulos más oscuros del país, destacando que el objetivo es esclarecer cómo pudieron producirse estos crímenes y corregir las deficiencias institucionales que lo permitieron.

Por su parte, la líder conservadora, Kemi Badenoch, ha valorado positivamente que el mandato de la investigación incluya ahora aspectos que inicialmente no estaban contemplados, como el análisis del origen cultural o religioso de los delincuentes y la posible responsabilidad de figuras públicas.

El origen de esta iniciativa se encuentra en una auditoría previa sobre la explotación sexual infantil en grupo, dirigida por Louise Casey, que puso de manifiesto graves fallos estructurales y una respuesta institucional insuficiente, lo que permitió que estas redes actuaran durante años sin ser plenamente desarticuladas.

Con este nuevo enfoque, las autoridades pretenden no sólo esclarecer lo ocurrido, sino también evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse en el futuro.