La ONG izquierdista Unión de Libertades Civiles para Europa, financiada por Bruselas y la Open Society Foundations de George Soros, ha acusado a varios países de la Unión Europea de deteriorar activamente el Estado de Derecho, situando especialmente en el foco a los gobiernos soberanistas.

En su séptimo informe anual, la organización —conocida como Liberties— sostiene que existe un proceso continuado de debilitamiento institucional en distintas partes de la UE. Según el documento, este fenómeno no sólo afecta a determinados Estados miembros, sino que empieza a percibirse también en las propias estructuras comunitarias.

Entre los países señalados con mayor preocupación figuran Hungría, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia e Italia, a los que el informe atribuye una erosión activa de los mecanismos del Estado de Derecho. En paralelo, otros como Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania y Suecia aparecen descritos como sistemas en retroceso, donde la calidad institucional estaría experimentando un deterioro progresivo.

El caso húngaro ha acaparado gran parte de la atención mediática, especialmente por la cercanía de unas elecciones nacionales que podrían reforzar el liderazgo del primer ministro Viktor Orbán. No obstante, el informe amplía el foco a otros países, incluyendo por primera vez a Italia dentro del grupo considerado más problemático.

La organización que elabora este análisis recibe financiación de la Comisión Europea a través del programa Citizens, Equality, Rights and Values Programme, una iniciativa destinada a promover valores democráticos y derechos fundamentales, aunque criticada por algunos sectores por su orientación ideológica.

Además, Liberties cuenta con el respaldo económico de Open Society Foundations, red filantrópica impulsada por George Soros y actualmente dirigida por su hijo Alex Soros. Esta fundación ha sido objeto de controversia en distintos países por su implicación en proyectos políticos y sociales, incluyendo iniciativas relacionadas con reclamaciones históricas.

El informe mantiene una línea similar a la de ediciones anteriores, en las que se ha valorado positivamente la actuación de gobiernos de orientación liberal o progresista en materia de defensa institucional. Todo apunta a que esta tendencia continuará en futuros análisis, consolidando una visión que sigue generando debate dentro del ámbito europeo.