La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, pretende controlar el acceso completo a las plataformas digitales obligando a cada ciudadano a someterse a una autenticación de identidad. Lo que se presenta como una simple medida de protección infantil termina revelando un plan mucho más ambicioso: convertir la verificación de edad en la puerta de entrada obligatoria para cualquier interacción en redes sociales y servicios en internet dentro de la Unión Europea.

Von der Leyen se quita la máscara al impulsar esta herramienta bajo el pretexto del ‘Chat Control’. La reactivación de la monitorización de conversaciones, ya rechazada en varias votaciones parlamentarias, sirve ahora de coartada para desplegar una infraestructura que, en la práctica, eliminará el anonimato en internet. A pesar de que la mayoría de los eurodiputados votaron en contra durante el receso estival y en sesiones posteriores, la Comisión sigue adelante como si los resultados democráticos carecieran de valor.

El anuncio del lunes deja claro que la aplicación de comprobación etaria dejará de ser voluntaria para convertirse en requisito indispensable. Tras el verano se espera una propuesta legislativa que obligue a las grandes plataformas a integrarla. La mandataria habló de «seguridad tecnológica» con la misma naturalidad con la que se regula un juguete o un componente de automóvil, pero la lógica que desplegó es mucho más profunda: ya no se discute si los menores pueden entrar en las redes, sino que se afirma que las propias redes no deben «tener acceso» a los niños cuando la Comisión lo decida.

Esta retórica paternalista oculta que la medida no se limita a los menores. Todo usuario adulto quedará bajo sospecha permanente de ser un niño de menos de 13 o 16 años. El sistema exige demostrar la identidad real para poder participar en la vida digital, exactamente igual que ocurrió con los certificados sanitarios durante la pandemia, pero aplicado ahora al conjunto del ciberespacio. Quien se niegue a identificarse simplemente quedará excluido de las principales plataformas.

La aplicación en cuestión ya demostró su fragilidad técnica. En abril fue comprometida en menos de dos minutos por el experto en ciberseguridad Paul Moore, quien señaló graves deficiencias en la protección de datos personales. La Comisión intentó restarle importancia calificándola de versión de prueba, aunque en realidad se trataba del prototipo que se pretendía generalizar. Además, la herramienta no devuelve ningún poder real a las familias: el control efectivo pasa a manos de las instituciones europeas, que decidirán qué contenidos y qué contactos son aceptables.

El resultado es la construcción de un identificador digital único para cada ciudadano. Este mecanismo socava directamente el anonimato, pieza fundamental para el periodismo de investigación, la protección de fuentes y la libertad de expresión en general. Bajo el paraguas de la Ley de Servicios Digitales, las plataformas quedan obligadas a investigar toda denuncia de «contenido perjudicial» —un concepto deliberadamente vago y subjetivo— so pena de sanciones millonarias. Ya se han registrado casos en los que vídeos críticos con la monitorización de chats fueron retirados de YouTube, en lo que parece una aplicación preventiva de estas nuevas reglas.

Lo que se vende como una solución técnica sencilla y respetuosa con la privacidad se revela, en realidad, como el andamiaje de un sistema de vigilancia generalizada. El Chat Control, presentado inicialmente como herramienta contra el abuso infantil, funciona ahora como excusa perfecta para que Bruselas decida quién puede hablar, qué puede leer y a quién puede dirigirse cada persona en internet. La libertad individual y la privacidad quedan subordinadas a una lógica de control que ya no distingue entre menores y adultos.