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FUE UNO DE LOS PRIMEROS GOBERNANTES EN FELICITAR A PUTIN TRAS SU 'REELECCIÓN'

Arce se abraza a la Rusia de Putin en medio de la búsqueda de financiamiento internacional

Vladimir Putin y Luis Arce. Europa Press

No fue sorpresa para nadie. Tal vez por eso la noticia no ha resonado lo suficiente en Occidente, pero el hecho de que Vladimir Putin se haya asegurado un quinto mandato que le permitirá presidir Rusia al menos hasta 2030, convirtiéndose así en la persona que más tiempo ha liderado el país desde Catalina la Grande, es un hecho que reviste de una importancia tan grande, que no puede ser soslayada por la seguridad de los propios países que buscan mantener una relación más estrecha con aquel oscuro régimen.

Luego de la caída del Muro de Berlín, el comunismo tenía que reinventarse para retomar el poder. Una de esas maneras ha sido, como ya muchos lo vienen advirtiendo desde hace años, por medio de la introducción de conceptos llenos de corrupción semántica sobre cuestiones tan fundamentales para Occidente como la justicia y «justicia social» o «justicia ambiental», aquello a lo que Antonio Gramsci tanto se abocó y que tan buenos resultados les ha traído a quienes lo han entendido, pero también ha sido por medio de un giro táctico, el de la defensa del Estado soberano al de la expansión territorial; véase Rusia contra Georgia, Ucrania y Crimea.

Durante varios siglos pasados, hasta probablemente finales del siglo XX, las invasiones eran protagonizadas por ejércitos, pero hoy es por medio de las guerras asimétricas en las que Estados Unidos no tiene el dominio que tiene en conflictos convencionales, y dentro de ellos, el uso de redes ilícitas. Ahora recurren al engaño, la subversión, coerción, desinformación, manipulación, extorsión, etc.

Para la gran mayoría de naciones que conforman el hemisferio occidental, en Venezuela, China, Irán y Rusia priman las autocracias, y de ninguna manera las democracias liberales representativas, pero para quienes detentan el poder en esos países desde hace décadas, se trata de «democracias participativas» o esquemas de «democracia directa», justamente conceptos por medio los cuales se han erigido dictaduras como las de Venezuela o Nicaragua, y autocracias como la ecuatoriana, argentina y boliviana del Socialismo del Siglo XXI. 

Este método de presión callejera, que se asemeja, por ejemplo, al caos observado en el incendio de numerosas estaciones de metro y los actos de robo y saqueo en Santiago de Chile desde finales de 2019, fue el mismo que desencadenó la denominada Guerra del Agua en el año 2000 en Cochabamba, así como el Octubre Negro o la Guerra del Gas en octubre de 2003. Estos eventos llevaron al derrocamiento de Gonzalo Sánchez de Lozada y a la sucesión presidencial de Carlos Mesa, quien, siendo aliado de Evo Morales, legitimó y legalizó estos métodos de presión mediante un referéndum que, además, era inconstitucional. Este fue el origen de la bestia.

Ahora mismo probablemente el punto geográfico de Iberoamérica donde mayor atención hay que poner por el riesgo que implica para toda la región, es la frontera entre Colombia y Venezuela, y la nueva relación militar a la que Gustavo Petro y Nicolás Maduro -un dictador comunista con todas las letras- están tratando de establecer, con todo lo que aquello implica. 

Pero para comprender cómo funciona esto en Bolivia puntualmente, es crucial recordar que su gran decadencia actual no comenzó con la Asamblea Constituyente o el nacimiento al engendro narco comunista del Estado Plurinacional, que fue lo que la consolidó marcando el fin de la República. El trasfondo se remonta a los días en que Evo Morales ejercía como líder cocalero en el Chapare y simultáneamente como diputado, recurriendo a chantajes y extorsiones para lograr sus objetivos a mediados de los años 90 bloqueando las principales carreteras del país durante semanas y manteniendo en vilo a la población.

Pues bien, ahora Bolivia vive un momento que probablemente marcará la historia nuevamente con fuego, dada la dramática crisis de múltiples dimensiones en la que está sumida y que seguirá agravándose conforme pasa el tiempo sin que se asuman duros ajustes y reformas estructurales. 

Peor todavía, el régimen que gobierna el país muestra cada vez más señales de necesidad desesperada por conseguir financiamiento para atravesar sus principales problemas humillándose ante regímenes tan oscuros como el de Putin en Rusia; entre los pocos y primeros gobiernos que se apresuraron en felicitar a la primera autoridad rusa luego de unas elecciones que le dieron la victoria con el 87% de los votos un par de semanas después de que el principal opositor, Alexei Navalny, fuera encontrado muerto, fue el de Luis Arce Catacora.

Probablemente se sienta más cómodo con un Gobierno que ya conoce, pero a Rusia no le importa tanto con quién lo haga mientras le permita mantener presencia en el país y la región. Por ejemplo, si bien afirmó que lo que llevó a Evo Morales a abandonar el poder fue un golpe de Estado, Rusia fue uno de los primeros países en el mundo en reconocer el Gobierno de Jeanine Áñez a finales de 2019, concretamente día y medio después de que asumiera formalmente la presidencia, y justificó su decisión afirmando que debía ayudar a evitar que no se convirtiera en una nueva Libia.

Sin embargo, Morales y Arce han hecho todos sus esfuerzos mientras han gobernado para tratar de ganarse la atención de Putin. Por ejemplo, alrededor del año 2016, un par de años después del colapso de los precios internacionales del petróleo, se anunciaron grandes inversiones de la estatal hidrocarburífera Gazprom, pero, claramente, de poco han servido cuando el país se encuentra con serios problemas ya no sólo para mantener sus mercados de mercados de exportación o encontrar nuevos, sino incluso para garantizar el consumo interno.

Luego de un tiempo, Bolivia restó valor a la dotación de vacunas de Occidente contra el Covid 19 por medio de Naciones Unidas, que habían sido aseguradas gracias a las gestiones del gobierno de Áñez para cuando estuvieran listas, pero Arce, una vez que fue Gobierno prefirió las vacunas rusas con la firma de contratos con cláusulas de confidencialidad, probablemente por la falta de garantías para conseguir segundas dosis en el tiempo requerido. 

Lo más reciente, se concentra en la firma de contratos -nuevamente secretos- a mediados de 2023 para la explotación del litio en Pastos Grandes con la empresa Uranium One Group JSC de Rusia (y en Uyuni Norte con la china Citic Guoan), que sería zona rica no solamente en «oro blanco», sino en elementos como deuterio y tritio, que son componentes especialmente requeridos para la generación de energía nuclear y algunos objetos que no escaparán a la buena imaginación de nadie.

Es cierto que ninguno de los acuerdos sobre Pastos Grandes con Rusia parece haber prosperado, al menos no hasta el momento, pues una inversión importante provocaría al menos un alivio en la balanza de pagos y las reservas internacionales del Banco Central de Bolivia para tranquilizar al menos temporalmente la cotización paralela del dólar estadounidense, pero los anuncios cada vez más altisonantes de la promesa de la industrialización del litio, que no es reciente sino que lleva alrededor de 12 años, delatan la desesperación del Gobierno de Arce por conseguir financiamiento internacional a toda costa.

El hecho de que hasta el momento no haya noticias sobre algún proyecto concreto de inversión del régimen de Putin o alguna otra dictadura en Bolivia no quiere decir que no haya que tener suficiente cautela respecto de sus intereses y la manera que tiene de operar en esa línea, pues viendo la manera en que el ruso se ha mantenido en el poder, y más aún la cantidad de tiempo que todavía pretende mantenerse en él, tal vez simplemente está esperando muy pacientemente el mejor momento posible para tener la mayor posición posible para negociar.

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