Gran parte de los problemas que Arce Catacora enfrenta para ejercer el poder se explica por la dificultad para conseguir financiamiento y así tratar de seguir manteniendo a flote el modelo económico que diseñó y que Evo Morales impuso en Bolivia desde el primer día de mayo de 2006, con la nacionalización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Ese fue un problema que también Morales arrastró al menos desde 2013, cuando la economía comenzó a desacelerarse sistemáticamente, y más aún cuando en 2014 los precios de las materias primas que el país típicamente exporta se desplomaron.
Ante este problema, para que se mantuvieran las atribuciones y competencias que el Estado fue ganando sobre la economía a medida que tanto Morales como Arce tuvieron la capacidad de gastar a manos llenas, se estableció una maquinaria de prebenda y corrupción permanente con los distintos grupos violentos de interés que los protegían desde un principio.
No obstante, para cuando vinieron los malos tiempos el modelo de Arce ya había mostrado un avanzado agotamiento, y en vez de reformarlo, prefirieron dejar su futuro en manos del destino. Es decir, que los precios de las materias primas eventualmente rebotaran como por arte de magia, pero tal cosa no sucedió nunca.
Lo que se hizo a partir de la caída de las materias primas en 2014 no fue recortar el gasto público, que hubiese sido ideal, sino que trataron de solventar el modelo por medio del incremento de la deuda pública de la misma manera en que lo habían hecho desde 2006, cuando Morales y Arce como su titular de Hacienda aprovecharon las enormes condonaciones que países como España le concedieron a Bolivia, pero ahora incluso esta fuente de financiamiento se ha agotado, y no existen recursos para seguir repartiendo y seguir concentrando el poder.
El régimen de Arce cede ante demanda violenta de mineros
Las muestras de este serio problema que Arce no puede manejar son muy difíciles de contar y mucho menos calcular en cuanto a duración e intensidad, pero esta semana los mineros de la empresa minera estatal Huanuni sorprendieron al país con la toma violenta de la sede de la Central Obrera Boliviana (COB).
De esta manera, los mineros de Huanuni, quienes solían ser aliados de Evo Morales y del Movimiento al Socialismo (MAS), acusaron a Juan Carlos Huarachi, principal dirigente de la COB, de ser un traidor y servil del Gobierno de Arce, pues no habría comunicado los contenidos ni alcance del Decreto Supremo N° 4783.
Entre otros aspectos, Huanuni exige la abrogación de este decreto que establece que parte de las utilidades de las empresas públicas pasen al Tesoro General de la Nación (TGN), y que el manejo de las jubilaciones de los trabajadores que hoy está en manos de las Administradoras de Fondos de Pensión (AFP) del banco español BBVA y la aseguradora suiza Zurich, sea estatizada y traspasada a la Gestora Pública hasta mayo de 2023.
Huanuni, junto a otros grupos de interés que también pertenecen a la COB, como los maestros urbanos y rurales que los acompañaron, considera que existen motivos para desconfiar de la administración pública de las jubilaciones de los trabajadores “porque se lo van a gastar”, y que, por tanto, parte del directorio de la Gestora Pública debe estar compuesto por sus representantes.
Los mineros protestaron durante dos días bloqueando las calles del centro de la ciudad de La Paz y utilizando cartuchos de dinamita frente a los gases lacrimógenos de la policía que buscaba dispersarlos. Sin embargo, finalmente lograron constituir una reunión con el régimen de Arce en la que alcanzaron un acuerdo no por la abrogación, sino por la derogación del decreto. En otras palabras, lo que los mineros de Huanuni acordaron con Arce luego de dos días de protesta violenta sin detenidos, fue paralizar temporalmente la migración de datos a la Gestora Pública.
La paradoja con el paro convocado por el Comité Pro Santa Cruz
Curiosamente, a pesar de que el régimen de Arce garantizó que el censo de población y vivienda se realizaría en noviembre de este año, hace ya varias semanas que decidió postergarlo provocando la molestia generalizada de autoridades, dirigentes cívicos, líderes de opinión y ciudadanía en general, que organizaron ya dos paros cívicos, uno de 24 horas y el otro de 48 horas.
El argumento que el régimen de Arce utiliza es que no existen medios técnicos para que el censo se realice antes de 2024, ni de que los resultados de dicho proceso de levantamiento de datos seas presentados antes de 2026.
El problema, nuevamente, es que tanto Arce Catacora como Evo Morales, y quién sabe si también David Choquehuanca, pretenden presentar su candidatura en las elecciones de 2025, y si el censo se lleva a cabo en 2023, se revelaría la verdad respecto del alcance de la manipulación del padrón electoral con el que Morales pretendió reelegirse indefinidamente en 2019, la configuración que tendría hoy la Asamblea Legislativa, y finalmente, la asignación de recursos que tendría que haber en el país de acuerdo a aspectos como el crecimiento poblacional que, indiscutiblemente, tendría que fortalecer a Santa Cruz luego del censo de 2012, que también fue un fracaso.
De esta manera, y dado que Arce ha decidido desatender las demandas de Santa Cruz, el departamento más grande y productivo del país se prepara nuevamente para ir a un nuevo paro cívico este próximo martes 22 de octubre, con la salvedad de que la medida será indefinida. El paro no se suspenderá mientras no se abrogue el Decreto Supremo N° 4760, que establece que el censo se desarrollará en 2024.
En el entretanto, Rómulo Calvo, presidente del Comité Pro Santa Cruz, ha perdido su derecho al trabajo por determinación judicial, debido a que llegó tarde a una detención previa por un mantenimiento no programado del avión de la estatal Boliviana de Aviación (BoA) en el que viajaba de retorno. Además, a Calvo se le extendieron las restricciones, debiendo permanecer 24 horas bajo arresto domiciliario con escolta policial.
El líder cívico señaló que tales determinaciones judiciales constituyen una persecución judicial con el objetivo de sabotear el paro cívico que debe liderar, pero que éste será llevado a cabo de todas maneras.
En definitiva, Bolivia se encuentra a la deriva y con una crisis cada vez más intensa y profunda ante la falta de recursos y financiamiento del modelo económico de Arce, una división cada vez más marcada e insalvable en el MAS, una ausencia absoluta por parte los legisladores opositores llamados apenas a asistir a su trabajo, y una atención cada vez más injusta, torpe, abusiva y deshonesta de las demandas de la ciudadanía por parte del régimen socialista en el país.
