Jair Bolsonaro inicia este jueves un proceso que puede convertirle en el primer expresidente de Brasil en ser inhabilitado políticamente por el Tribunal Superior Electoral (TSE) si finalmente determina que incurrió en abuso de poder cuando en 2022 citó en el Palacio del Planalto a un nutrido grupo de diplomáticos extranjeros para hablar sobre la inseguridad del sistema electoral de su país.
Este escenario de sacarle de la arena política durante los próximos ocho años, llegaría justo para las elecciones presidenciales de 2030 lo contempla el propio Bolsonaro, quien ha restado importancia a aquel encuentro, en el que se cuestionó la fiabilidad de las urnas electrónicas.
El citado evento fue retransmitido por TV Brasil, razón por la cual ha sido acusado de «abuso de poder y uso fraudulento de los medios de comunicación públicos».
En aquella reunión, Bolsonaro aseguró que eran empresas externalizadas las que se encargaban del recuento de los votos y no los sistemas del Tribunal Superior Electoral (TSE), cuyos jueces tienen reservados tres fechas para alcanzar un acuerdo acerca de su inhabilitación.
Además de este jueves, los siete jueces que conforman la corte tendrá dos sesiones más, el 27 y el 29 de junio, para alcanzar un acuerdo. Sin embargo, entre bastidores se habla de que alguno de ellos, en especial Kassio Nunes Marques –designado por Bolsonaro–, puede solicitar más tiempo para analizar el caso.
En tal caso, la votación en el seno del TSE se aplazaría otros 30 días, pero al estar de vacaciones al cumplirse ese plazo, la siguiente reunión no tendría lugar hasta el 22 de agosto. Aún así, se podría solicitar otra prórroga de 30 días más, pero ya requeriría del aval del presidente del tribunal, Alexandre de Moraes.
En caso de que el TSE certifique su descalificación para los próximos comicios —presidenciales de 2026 y locales de 2024 y 2028— sería la primera vez que un expresidente se ve privado de sus derechos electorales por decisión de esta corte, si bien hasta ahora había sido por iniciativa del Senado, o de otros tribunales.
Fernando Collor de Melo, tras dos años de mandato, fue inhabilitado hasta el año 2000 por corrupción pasiva tras ser sometido a un juicio político por en el Senado. El mismo proceso por el cual fue echada del cargo la expresidenta Dilma Rousseff en 2016, sin embargo, ella sí mantuvo sus derechos políticos intactos.
Por su parte, el ahora presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, también fue inhabilitado y encerrado en prisión antes de que el Tribunal Supremo decidiera habilitar sus derechos políticos y permitir que pudiera presentarse a las últimas elecciones.
