Una de las promesas de campaña presidencial más preocupantes de Gabriel Boric fue el indulto a los mal llamados “presos políticos”. Y, lamentablemente, cumplió su palabra el último día hábil del 2022, pues, el mandatario chileno liberó a trece condenados por la justicia. Entre ellos se encuentra un insurrecto quien fue miembro del Frente ‘Patriótico’ Manuel Rodríguez (FPMR) ya condenado previamente en dos ocasiones. Así, ya se ha iniciado la primera polémica del 2023, tanto que Fiscalía como la Corte Suprema le recordaron al Ejecutivo la separación de poderes y el imperio de la Constitución.
Para las revueltas del 18-O, el entonces diputado del Frente Amplio Gabriel Boric —junto a sus compañeros de bancada— alentaba a la desobediencia civil mientras la anomia e insurrección capturó por completo a Chile. Recordadas son las postales de las quemas de estaciones de metro de manera simultánea, los incendios a iglesias y templos, los saqueos y destrucción a propiedad pública y privada, en un clima de extrema polarización.
El 18-O representó una fractura para los chilenos. Aún, hoy, en la denominada “zona cero” —es decir, la Plaza Baquedano, donde se concentraron las protestas— no ha podido recuperarse, dejando como saldo el cierre de numerosos locales y hoteles.
Con todo lo anterior, el presidente de Chile anunció el último día del 2022 que indultaría a trece condenados por graves delitos en el contexto del 18-O porque serían, supuestamente, “presos políticos”. Pero la realidad es que los que recibieron el beneficio no están condenados por su pensamiento, sino por sus violentos delitos cometidos.
Por ejemplo, uno de los indultados es Jorge Mateluna, un exguerrillero que fue parte de la agrupación terrorista Frente ‘Patriótico’ Manuel Rodríguez (FPMR) y condenado dos veces antes: en 2013 fue condenado a 16 años de cárcel por robar en una sucursal del Banco Santander; y en 1992 a 12 años de prisión por delitos de asociación ilícita terrorista.
A pesar de lo anterior, el mandatario chileno justificó el indulto de Mateluna porque, supuestamente, sería “inocente” porque habrían “irregularidades” en su condena. No obstante, según el medio chileno El Líbero, Boric ya tenía conexiones con Mateluna desde su periodo como diputado, ya que en 2017 lo visitó en la Cárcel de Alta Seguridad y ha sido un activo promotor de su liberación.
Los dichos de Boric que pusieron en duda la labor del Poder Judicial generó que la Corte Suprema se pronunciara, sosteniendo que Boric “no puede ejercer funciones judiciales” porque “la facultad de conocer las causas civiles y criminales, resolverlas, ejecutarlas es de los tribunales”, lo que está estipulado en el inciso 1° del artículo 76 de la Constitución Política de la República. Es decir, la Corte Suprema marcó la cancha porque Boric debe respetar la separación de poderes.
Es más, cuando Boric buscó justificar el indulto de Mateluna, se confundió al citar la ley 19.050 —que se relaciona a materias sobre “Seguro de Responsabilidad Civil, Daños a Vehículos de Terceros”— con la ley 18.050 que establece las normas para conceder los indultos, generando una situación aún más bochornosa para el mandatario.
Por su parte, el Ministerio Público también llamó la atención al presidente, dado que estuvo a cargo de sentenciar a Mateluna y se vieron interpelados por poner en duda su labor.
Sin duda, la iniciativa del presidente Boric de indultar ha generado una gran polémica en el país. Primero, porque la señal política no dialoga con los estándares democráticos que la ciudadanía exige. Segundo, este no es el camino para solucionar los problemas de seguridad pública que se agravan cada vez más y que la última encuesta CEP develó que este tópico es la primera prioridad de los chilenos. Tercero, el Ejecutivo no tiene por qué inmiscuirse ni intervenir en el ejercicio de los otros poderes. Por último, normaliza la violencia y los delitos graves que fracturaron al país.
Estos gestos al octubrismo le han costado caro al gobierno de Boric, pues 61% de los chilenos lo reprueban según el sondeo ya mencionado. Igualmente, su mano derecha, Giorgio Jackson (ministro de Desarrollo Social y Familia) es el peor evaluado justo en un momento que enfrentará una acusación constitucional por presionar políticamente a una ex seremi (Secretaria Regional Ministerial) de la Región Metropolitana para aprobar proyectos a pesar de no estar de acuerdo.
Todo esto ha justificado que las derechas chilenas se hayan abierto a un posible libelo contra el presidente Boric y Marcela Ríos (ministra de Justicia, quien ha tenido varios traspiés en las fallidas elecciones de Fiscal Nacional), que se suman a la acusación constitucional contra Jackson. Igualmente, Carolina Tohá (ministra del Interior que ha tratado de empujar una política de seguridad pública) puede ser interpelada tras un altercado con la senadora UDI, Luz Ebensperger, acción que hizo al gobierno perder el control de su agenda en esta materia. Asimismo, la oposición buscará objetar ante el Tribunal Constitucional y la Contraloría el indulto a Mateluna.
En suma, Gabriel Boric ha demostrado que de demócrata nada tiene. Al contrario, tiene un largo historial de coqueteo con la violencia que debe advertir a las fuerzas políticas realmente democráticas que es un lobo con piel de oveja. Por esto, hay que ser cautelosos a la hora de negociar con personajes que hacen apología a la violencia como praxis política válida, y que el orden público —un tema sumamente crítico en Chile— no es prioridad para el actual gobierno.
