El Gobierno de Colombia ha anunciado este domingo que ha llegado a un acuerdo con las autoridades venezolanas para permitir localizar los restos mortales de desaparecidos colombianos en la zona de la frontera entre ambos países.
El ministro de Exteriores colombiano, Álvaro Leyva, ha informado de que ha acordado con su homólogo venezolano, Yván Gil, «proporcionar unos prontos y eficaces mecanismos institucionales que permitan localizar los restos mortales de nacionales colombianos dados por desaparecidos (…), sepultados en territorio venezolano según manifestaciones del señor Salvatore Mancuso, excomandante de las autodenominadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)».
Leyva ha explicado que las declaraciones a las que hace referencia en su comunicado «fueron efectuadas virtualmente» durante un acto realizado la pasada semana en la población fronteriza de Juan Frío, en Norte de Santander, y durante la comparecencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Mancuso, que volvió a denunciar ante la JEP connivencia de altos mandos militares, aseguró que «ni un solo oficial superior» del Ejército puede negar haber participado con él en operaciones de apoyo.
Aseguró que la relación entre mandos militares y paramilitares sirvió para poner freno al avance de las guerrillas e incluso para ocultar el número de víctimas que sus operaciones dejaban a su paso, reconociendo la existencia de los llamados «hornos» en los que eran arrojadas para desaparecerlas. Así, reveló que, como consecuencia de estas actividades conjuntas de las AUC y el Ejército, hay más de 200 cadáveres arrojados a fosas comunes en territorio venezolano.
Así, contó que algunas víctimas fueron arrojadas al río «para que se los llevara», mientras que otras fueron enterradas en Venezuela. «Allá hay más de 200 personas», aseguró Mancuso, quien explicó que la decisión de llevarlas hasta ese país fue lo cerca que estuvo la Fiscalía en 2001 de encontrar una fosa con 50 personas.
Mancuso, que se encuentra en un centro de retención de migrantes de Atlanta, EEUU, a la espera de su extradición, se encuentra declarando ante la JEP para acogerse como colaborador a la justicia especial del tribunal, surgido tras los «acuerdos de paz» de 2016 con la guerrilla de las FARC.
Conocido como Triple Cero durante su pasado armado, ha reconocido haber estado implicado en al menos 300 asesinatos, entre los cuales están los de la masacre de El Aro, que le acarreó una condena de 40 años de cárcel que jamás cumplió por sumarse al mecanismo Ley de Justicia y Paz, promovido por el expresidente Álvaro Uribe para desmovilizar a paramilitares.
A su vez, tiene abiertos dos procesos judiciales en Colombia por su responsabilidad en más de 600 homicidios, el desplazamiento forzoso de casi 1.000 personas y más de una treintena de desapariciones forzadas.
