Colombia se encuentra en medio de una nueva crisis política y social, esta vez provocada por un paro minero y campesino que ha comenzado a impactar gravemente la economía del país. La situación se desató tras la emisión de un decreto que restringe las actividades económicas en los páramos y limita la frontera agrícola, lo que ha generado un descontento significativo entre los sectores afectados.
El paro, que inició hace cuatro días, ha sido convocado por campesinos y mineros en cuatro departamentos. Los manifestantes exigen la legalización de más de 33.000 pequeños y medianos operadores de estos sectores y la ampliación de la frontera agrícola en los páramos. Como consecuencia de las protestas, las vías han sido cerradas durante horas, provocando desabastecimiento de alimentos y combustibles en diversas regiones.
El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, ha advertido sobre la escasez de alimentos y el impacto negativo en el comercio local. En Santander, los bloqueos han disparado los precios de productos básicos en más del 30%. En Boyacá, se reporta desabastecimiento de gasolina en diez municipios y una creciente acumulación de basura en las calles.
El Ministerio de Minas y Energía ha anunciado la instalación de mesas de diálogo para abordar las demandas de los manifestantes pero, hasta el momento, las negociaciones no han logrado un acuerdo satisfactorio.
El gremio de transportadores Fedetranscarga ha señalado que los bloqueos están generando complicaciones operativas para los productores, lo que podría traducirse en un encarecimiento de la canasta familiar y un deterioro de productos perecederos.
De acuerdo con Defencarga, durante los días de paro, se han visto afectadas aproximadamente 70.167 toneladas de productos, incluyendo 85.000 litros de leche que no se han podido transportar en Santander.
En Boyacá, la situación es igualmente crítica, con 140.000 litros de leche represados y un incremento en los precios de cebollas, patatas y otras hortalizas debido a la reducción en la oferta.
María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia, ha expresado su preocupación por la situación, afirmando que, aunque el derecho a la protesta es fundamental, estas acciones no deben vulnerar la libre movilidad de la mayoría. Destacó que las dificultades en el transporte amenazan la ya frágil recuperación económica del país. La actual crisis pone de relieve la responsabilidad del presidente Gustavo Petro en la escalada de tensiones sociales. Su administración ha sido criticada por no manejar adecuadamente las inquietudes de los sectores minero y campesino, lo que ha llevado a una situación de desabastecimiento y al deterioro de la calidad de vida de muchos colombianos.