Un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos que analiza la situación de los Derechos Humanos en el mundo ha insistido en las graves violaciones a las garantías fundamentales de los ciudadanos que tuvieron lugar durante el último año en Nicaragua, Venezuela y Cuba, las tres dictaduras socialistas que perviven en Iberoamérica.
El documento, que aborda la situación de 198 países del mundo, deja entrever la existencia de un patrón de comportamiento del Estado en estas tres naciones, en donde se ha dado cuerpo a mecanismos bien estructurados para acorralar a la disidencia sin que existan apenas posibilidades de que quienes cometen abusos contra la ciudadanía sean investigados y enjuiciados por sus actos.
Los abusos de 2018 siguen impunes en Nicaragua
En el caso de la Nicaragua gobernada por Daniel Ortega, el reporte insiste en el alto grado de impunidad con el que han sido tratados quienes perpetraron más de 355 asesinatos durante las jornadas de protesta ciudadana contra el régimen sandinista en 2018, donde además quienes han sido leales a la dictadura han sido premiados por el Ejecutivo de Ortega.
«El gobierno no tomó medidas para identificar, investigar, enjuiciar o castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos, incluidos los responsables de al menos 355 asesinatos y cientos de desapariciones durante el levantamiento en favor de la democracia de 2018. El gobierno no abordó los casos de corrupción generalizada. El presidente Ortega reforzó la impunidad de los violadores de derechos humanos que le fueron leales», apunta el informe.
La tortura y las pésimas condiciones de reclusión han sido dos elementos utilizados por el régimen nicaragüense para doblegar a la oposición recluida en las cárceles de la dictadura, en donde destaca la prisión de El Chipote.
«Los funcionarios gubernamentales intencionalmente llevaron a cabo actos que resultaron en sufrimiento físico o mental severo con el fin de obtener información, infligir castigos y disuadir psicológicamente a otros ciudadanos de informar sobre las acciones del gobierno o participar en acciones cívicas contra el gobierno», precisa también el documento.
Venezuela: asesinatos, cárcel, desapariciones y torturas
En el caso de la Venezuela gobernada por Nicolás Maduro, la información revelada por Estados Unidos dice que, durante el 2022, se dio continuidad a un patrón en el que el régimen chavista ha echado mano de cuerpos de seguridad del Estado para asesinar, desaparecer, encarcelar y torturar.
Así, de acuerdo a información suministrada por distintas ONG locales, el año pasado se registraron al menos 246 desapariciones forzosas y 485 ejecuciones extrajudiciales en el país. Por su parte, la organización Foro Penal ha indicado en su más reciente informe sobre presos políticos que en Venezuela permanecen encarceladas 270 personas (150 de ellas militares) por disentir del sistema chavista.
En tal sentido Estados Unidos ha enfatizado un aspecto que ya había dejado en claro un informe de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU a finales del año pasado sobre Venezuela, y es que, al igual que en Nicaragua, el régimen rojo ha hecho poco o nada por investigar a los responsables de la represión, llegando incluso a premiar a sus ejecutores.
«El régimen de Maduro no tomó ninguna medida efectiva para identificar, investigar, enjuiciar o castigar de manera significativa a los funcionarios que pueden haber cometido abusos contra los derechos humanos o participar en actos de corrupción», apunta el documento.
Cuba: encarcelamientos generalizados ante las protestas
De acuerdo al mismo informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, el régimen encabezado por Miguel Díaz-Canel en Cuba empleó a los tribunales controlados por la dictadura castrista como uno de los principales recursos para aplacar a la disidencia.
Tras la explosión de las protestas a mediados de 2021, el año pasado muchos de los encarcelados por manifestarse en las calles fueron llevados a procesos judiciales completamente amañados, siendo condenados a largas sentencias.
«El Poder Judicial está directamente subordinado a la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral) y al Partido Comunista de Cuba», alude en un pasaje el informe, que refiere la inexistencia de separación de poderes en la isla caribeña.
Al cierre del año pasado se estima que 180 manifestantes fueron acusados de sedición, mientras que 171 de ellos terminaron siendo condenados a penas de más de 10 años de prisión.
