La ministra de igualdad de España, Irene Montero, se ve envuelta en un nuevo escándalo, esta vez de carácter internacional. No bastó con su reciente exclamación donde promovió la sexualidad precoz. Ahora tiene en su contra una denuncia en Sudamérica. Montero fue denunciada ante la Fiscalía de Ecuador por un legislador local.
Es acusada de malversación, es decir apropiación de bienes y dineros por parte de servidores públicos. Junto a ella está denunciado el diputado de Podemos Rafael Mayoral. Ambos constan como beneficiarios de 1,7 millones de euros por 11 contratos públicos. El expresidente de Ecuador y coideario de los socialcomunistas españoles, Rafael Correa, habría acreditado dicho monto a Kinema, la cooperativa de Podemos.
En conjunto, la agrupación política habría perjudicado a una nación empobrecida. Pues el Estado ecuatoriano pagó la cuenta con el dinero que sustrajo de sus ciudadanos trabajadores, por medio de impuestos.
Para conocer los detalles del caso, La Gaceta de la Iberosfera se comunicó con el legislador Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político en la Asamblea de Ecuador. Este compartió la denuncia que presentó ante la Fiscalía.
Cabe destacar que Ecuador ya no tiene Congreso sino Asamblea. Toda nación que ha pasado por un proceso socialista en la región ha visto su institucionalidad afectada a tal punto que reformuló la Constitución y para ello formó una asamblea constituyente para lograrlo. Dicho eso, esto vuelve al denunciante un ¨asambleísta¨; término con el cual es mencionado en la denuncia.
En concreto, el asambleísta presentó las pruebas de 17 transferencias bancarias. Entre ellas, tres fueron cuantiosas. Una superó los 119,423.09 euros y fue enviada el 10 de marzo de 2016. La segunda más numerosa fue de 107,926.72 euros y fue transferida el 14 de abril de 2015. La tercera más abundante fue de 97,506.88 euros y se envió el 8 de mayo de 2014. De manera que las tres transferencias más onerosas se llevaron a cabo durante el gobierno de Rafael Correa que concluyó en 2017.
De acuerdo a la denuncia, los contratos con la cooperativa de Podemos se firmaron a cambio de: “Orientación jurídica individual y colectiva a ciudadanos ecuatorianos afectados por las hipotecas en las ciudades de Madrid, Barcelona, Murcia y Valencia, así como a la Embajada de Ecuador en España”.
La denuncia también incluye un señalamiento de la Contraloría General del Estado. Destaca irregularidades en contratos de asistencia legal y psicosocial firmados por la Embajada de Ecuador en España.
En teoría, el dinero de la cooperación estaba destinado para ayudar a “compatriotas afectados por los desahucios”. No obstante, “los contratos se realizaron sin incluir en el expediente los estudios completos de los casos o las especificaciones técnicas. Los auditores tampoco han podido localizar datos básicos como, entre otros, el número exigido mínimo de atenciones a los ecuatorianos que viven en España para determinar el valor del servicio”.
Como consecuencia de estas irregularidades, el asambleísta Villavicencio le solicita a la fiscal general del Ecuador, Diana Salazar, investigar el desfalco de fondos procedentes del Gobierno correísta en beneficio de Podemos.
Este solo es uno de los tantos procesos abiertos que demuestran el vínculo político, ideológico y económico entre la izquierda española y el socialismo sudamericano. De hecho, el Tribunal Supremo de Venezuela que opera desde el exilio denuncia una triangulación de 54 millones de euros entre Venezuela, Ecuador y España.
Bajo el mando de Correa, Ecuador habría recibido dinero del régimen chavista para enviarlo a España. Ese caso compromete a figuras de Podemos como Íñigo Errejón, Juan Carlos Monedero y Alfredo Serrano Mancilla.
Pero este “imperialismo” no ha sido repudiado por la izquierda. Al contrario, en nombre del socialismo bolivariano, que lleva el apellido de quien fragmentó la Hispanidad en el siglo XIX, naciones con graves situaciones de pobreza y desnutrición habrían financiado a Podemos desde su creación.
