La presidenta peruana Dina Boluarte reiteró durante una actividad oficial que su gobierno seguirá trabajando hasta julio del 2026 «sin robar un sol», en referencia a la moneda del país andino.
«Nosotros desde el Perú tenemos que garantizar, simple, unidad, estar en calma, seguridad jurídica para que podamos finalmente sacar a nuestro país al mundo y, cuando nos despidamos como gobierno el 28 de julio del 2026, les diremos a las peruanas y los peruanos misión cumplida, lo hicimos con amor, lo hicimos con entrega, lo hicimos con compromiso y lo hicimos sin robar un solo sol», expresó dijo Boluarte durante su intervención en el Foro Binacional Perú-Brasil que se realizó en una región amazónica.
Investigada por enriquecimiento ilícito
Boluarte, quien accedió a la presidencia luego del golpe de Estado del comunista Pedro Castillo, tuvo que sortear violentas manifestaciones entre finales de 2022 e inicios de 2023, sobre todo en el sur del Perú, que dejó varios muertos y heridos, tanto civiles como militares y policías.
Tras la pacificación, Boluarte no ha dejado de ser la protagonista de varios escándalos ligados a su incapacidad para dirigir el Estado, la investigación abierta a su hermano Nicanor por organización criminal, así como por la que le abrió la Fiscalía por enriquecimiento ilícito tras ser vista usando lujosos relojes Rolex y joyas de oro y diamantes que le habrían sido «prestadas» por un gobernador y que no fueron declarados como parte de sus bienes.
Denunciada por genocidio
En enero de 2023, la Fiscalía le abrió a Boluarte una investigación preliminar por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves por las muertes ocurridas en las protestas.
La indagación, que también incluía a su entonces primer ministro, Alberto Otárola, así como a los ministros del Interior y Defensa, finalmente fue archivada.
El abogado de la mandataria peruana, Joseph Campos, afirmó que le hacía daño al país imputar un delito de esta naturaleza a la jefa del Estado, y que el expediente fue partido en dos, y que se continuarán las investigaciones por homicidio y lesiones graves.
«El Ministerio Público ha decidido partir el expediente nuevamente en dos, donde se va a seguir investigando homicidio y lesiones. Y, por otro lado, ha ordenado el archivamiento del delito de genocidio. Cosa que saludamos tardíamente, por cierto, porque hemos estado más de un año y medio para decir lo que finalmente se ha dicho. Pero que celebramos porque la idea de la existencia de una imputación tan grave, que es un delito de lesa humanidad, le hace daño no solamente a la presidenta de la República, le hace daño al país», dijo en entrevista para Radio Programas del Perú.
Asimismo, Campos señaló que un delito de genocidio es el acto letal contra un grupo por lo que es y no por lo que hace.
«Ahí pudo haber muertes por un mal uso del arma por parte del policía o militar, por un buen uso del arma del policía o militar, o una circunstancia, incluso las casuales. Todo eso se tiene que investigar antes de iniciar una investigación contra el presidente de la República. Pero el genocidio era una locura, nunca tuvo sentido», resaltó.
