El ganador de las elecciones presidenciales de Venezuela, Edmundo González, ha denunciado una «citación sin garantías de independencia y del debido proceso» por parte de la Fiscalía del régimen, después de ser llamado a comparecer este lunes para declarar por su «responsabilidad por delitos relacionados con la publicación de resultados electorales».
«El Ministerio Público pretende someterme a una entrevista sin que se precise en qué condición se espera que comparezca y precalificando delitos no cometidos. El fiscal general se ha comportado reiteradamente como un acusador político: condena por anticipado y ahora impulsa una citación sin garantías de independencia y del debido proceso», ha declarado a través de un vídeo.
González se ha dirigido a Nicolás Maduro para decirle que «la solución no está en la represión, sino en la verificación internacional independiente y confiable de las actas, que no puede ser sustituida por una sentencia dictada al margen de la Constitución».
Ha afirmado que presentarán sus «ejemplares de las actas de escrutinio que dejan clara la voluntad de cambio de los venezolanos», considerando que la «verdad de lo sucedido el 28 de julio es lo que salvará la institucionalidad democrática». «Una vez más les repito, por la paz y el bienestar del país, presenten las actas. Exigimos respeto a la voluntad popular expresada en las elecciones del 28 de julio, que favorecieron ampliamente el cambio político que representó mi candidatura», ha sostenido.
González ha vuelto a abogar por «la búsqueda de fórmulas que, con estricta sometimiento a la soberanía popular, permitan canalizar una transición ordenada, pacífica y con garantías para todos», ya que «Venezuela vive horas de incertidumbre y desasosiego, producto del empeño de ustedes de violar la voluntad de cambio».
Mientras, la tiranía venezolana le acusa de «usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y conspiración», según recoge el documento. Según la fiscalía del régimen, el ganador de las elecciones «incurrió en un franco desacato e irrespeto al Tribunal Supremo de Justicia, al no acudir a los llamados realizados por la sala electoral».
