El abogado de la presidenta de Perú Dina Boluarte, Joseph Campos, ha afirmado en una entrevista televisiva que las más de 60 muertes durante los disturbios deberán revisarse «caso por caso», añadiendo que «incluso puede ser, aunque parezca paradójico, que la víctima misma haya sido la provocadora de la situación en la que muere».
En este sentido, ha asegurado que puede tratarse de casos de legítima defensa por parte de los agentes de las Fuerzas de Seguridad al ser atacados por manifestantes, y ha negado que su clienta, Boluarte, sea la responsable de las muertes: «Salvo Hitler, que era un autoritario y un dictador y él dirigía su guerra (…), los políticos solo escriben una orden».
«(El) cómo se implementa esa orden, lo hace alguien formado para ello», ha añadido, derivando la responsabilidad en los policías y militares encargados de la respuesta armada esos días, y calificando las acusaciones contra la presidenta de «ataque político».
En enero, la Fiscalía General de Perú abrió una investigación contra Boluarte, así como contra tres miembros de su Ejecutivo, para esclarecer la muerte de 28 civiles durante las manifestaciones antigubernamentales de diciembre.
Además, recientemente el Ministerio Público andino impulsó un equipo especial encargado de investigar los presuntos delitos y vulneraciones a los Derechos Humanos durante las protestas.
