El chavismo plantea la renovación del Consejo Electoral venezolano para fingir la democratización del régimen

El presidente de la Asamblea Nacional controlada por el chavismo, Jorge Rodríguez, afirmó que el régimen de Nicolás Maduro valora iniciar un proceso de conformación de una nueva directiva Consejo Nacional Electoral (CNE), el órgano que maneja las elecciones en Venezuela, con miras a los eventuales comicios presidenciales de 2024.

“En la ronda de conversaciones que el presidente Maduro emprendió con distintos sectores de la oposición venezolana (…), en algunas de estas conversaciones, no pocas, apareció el planteamiento de la conformación de un nuevo CNE”, dijo Rodríguez la noche del lunes.

Actualmente el directorio del CNE está conformado por Pedro Calzadilla (presidente), Enrique Márquez, Alexis Corredor y Roberto Picón, quienes fueron nombrados en sus cargos en 2021. Una quinta rectora, Tania D’ Amelio, fue desincorporada recientemente al asumir como magistrada del Supremo venezolano, por lo que eventualmente hay que nombrar a su reemplazo. Así las cosas, la correlación interna dentro del organismo en estos momentos es de dos rectores abiertamente chavistas (Calzadilla y Corredor) y dos que se supone son críticos al chavismo (Márquez y Picón).

Sin embargo, Márquez y Picón, siendo supuestos representantes de la oposición en esta institución, poco han querido o han podido hacer realmente para que las elecciones sean eventos medianamente creíbles. Al día de hoy todo cuanto rodea a los comicios en el país sudamericano remite a un esquema en el que éstos solo fungen como paripé de un chavismo que de tanto en tanto se “legitima” a través de las urnas.

El órgano electoral venezolano se caracteriza desde inicios de la era chavista hasta hoy por tener un registro en el que figuran personas con más de un documento de identidad (dobles cedulados) y en el que aparecen individuos fallecidos votando, sin que dicha base de datos se haya auditado y limpiado desde hace años. Esto además de ser el epicentro de un sinfín de ilegalizaciones e inhabilitaciones a individuos y formaciones políticas críticas al régimen, que han quedado sin el derecho a presentarse en eventuales elecciones.

Aunado a ello, el propio elemento técnico del organismo, que conduce los procesos electorales con base en un sistema de voto electrónico, está sometido a toda clase de dudas. Sobre todo desde que Smartmatic, la empresa contratada desde los primeros días de Chávez en el poder para proporcionar el software y las máquinas con las que se vota, admitió públicamente que era posible inflar los resultados de las elecciones a conveniencia, señalando además que durante la elección de la Constituyente chavista de 2017 se habían alterado “al menos por un millón de votos” los resultados reales de aquellos comicios.

La “renovación” del CNE con la incorporación de rectores de supuesta tendencia opositora a la dictadura ha sido una maniobra recurrente del régimen a lo largo de 20 años para dotar de credibilidad a una institución y a unos procesos que, de suyo, no tienen credibilidad alguna.

Así es recordado el episodio de 2004, cuando un Hugo Chávez que se encontraba contra las cuerdas terminó saliendo victorioso de un referendo revocatorio que pretendía desalojarlo del poder. En el preámbulo de aquellos comicios mucho se cacareó sobre la imparcialidad que representaba un CNE en el que habían sido nombrados dos opositores, dos chavistas y un fiel de la balanza, que luego resultó presidiendo el organismo.

Sin embargo, Francisco Carrasquero -que así se llama el supuesto rector independiente- terminó siendo más chavista que los otros dos que claramente jugaban a favor de la revolución, y posibilitando además toda clase de tropelías antes, durante y después de una elección que muchos asumen que es la primera en la que abiertamente y a gran escala Chávez y el chavismo cometieron irregularidades.

De allí en más todas las elecciones organizadas por el régimen venezolano han traído consigo la promesa de una renovación del ente electoral, en el que siempre “ahora sí” se va a contar con un directorio imparcial, o al menos ponderado, en el que la oposición va a tener representación calificada para ponerle coto a las irregularidades que dentro de él se cometen. Sin embargo, los sucesivos episodios de burla a la voluntad popular acontecidos durante casi dos décadas dan cuenta de que todo se ha tratado de una gran farsa.  

En esta ocasión es obvio que los esfuerzos de Rodríguez se enmarcan dentro de la operación de regularización que la tiranía de Maduro está adelantando sobre todo de cara al exterior, para intentar adecentar la imagen de su régimen y venderlo como uno en el que se organizan elecciones bajo una institución que tiene participación de factores de la oposición. Sin embargo, todo es pura mercadotecnia, pues en el fondo ni dicha institución es realmente transparente ni el chavismo está dispuesto a ceder el poder así como así.

Una pretendida renovación del CNE se convierte además en el argumento perfecto para que el chavismo meta en el carril del electoralismo a la mayoría de los factores opositores venezolanos; todo bajo el argumento de que éstos tienen a personas de su confianza organizando y vigilando el proceso. Sin embargo, el trámite remite a una nueva estafa, porque en realidad la tiranía jamás ha permitido que los actores disidentes tengan ningún peso real en la confección de las elecciones. Será, eventualmente, el mismo truco con distintos protagonistas. Tan solo eso y nada más…