«Ser es defenderse», Ramiro de Maeztu
Desmonta el modelo de negociación que existía hasta ahora

El Congreso de Colombia aprueba la nueva ley de seguridad del Gobierno patriota de Aspriella y da carpetazo a «la falsa paz» de Gustavo Petro

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella. Europa Press

Las dos cámaras del Congreso de Colombia han aprobado este miércoles la nueva ley de sometimiento a la justicia de los grupos armados promovida por el Gobierno patriota de Abelardo de la Espriella, concluyendo forma abrupta la fallida política de «falsa paz» del expresidente Gustavo Petro.

El presidente colombiano ha celebrado en redes sociales con la expresión «Habemus ley de sometimiento» el debate en el Congreso que se prolongó durante dos días. Para De la Espriella, el nuevo texto fortalece la seguridad y la tranquilidad de los colombianos y ha querido agradecer al ministro de Justicia, Iván Cancino, «su extraordinario trabajo, compromiso y dedicación para sacar adelante esta importante iniciativa».

La nueva legislación cuenta con treinta artículos y desmonta el modelo de negociación que existía hasta ahora. Se levantan las mesas de diálogo, los grupos armados pierden su estatus político, desaparece la controvertida figura del gestor de paz y los condenados deberán cumplir las penas en cárceles u otros centros penitenciarios, acabando así con las zonas especiales de desmovilización.

Los grupos armados que se sometan a este proceso deberán firmar las actas de sometimiento, que incluyen entregar las armas y a los menores de edad reclutados a la fuerza, informar sobre el paradero de los desaparecidos, así como de las fuentes de financiación y de otros datos relevantes y cesar sus actividades ilícitas.

A nivel personal, cada uno de los integrantes que apueste por acogerse al nuevo plan deberá asumir su responsabilidad, entregar los bienes obtenidos de manera ilícita y realizar trabajos de reparación, entre otros, pudiendo perder los beneficios penitenciarios si incumple alguno de estos puntos.

En lo que respecta a la reducción de penas, se contemplan rebajas de hasta el 50% de las mismas y del 30% para los mandos, siempre y cuando, en este último caso, no signifique menos de diez años prisión. Ambos porcentajes pueden caer al 30 y al 10% si el grupo continúa reclutando menores de edad una vez se promulgue la ley.

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