El Congreso de Perú archivó la denuncia constitucional presentada contra la presidenta Dina Boluarte, relacionada con las muertes y lesiones ocurridas durante las protestas antigubernamentales de finales de 2022 y principios de 2023. La decisión fue tomada por la Comisión Permanente del Parlamento, con 12 votos a favor y 10 en contra, tras evaluar un informe que concluyó la falta de pruebas suficientes para sostener que Boluarte haya actuado con intención de causar daños.

La acusación, interpuesta por el entonces fiscal interino Juan Carlos Villena, señalaba a Boluarte y a varios exministros por no haber impedido la represión policial y militar que dejó al menos 49 fallecidos y más de 250 heridos. No obstante, el informe aprobado enfatizó que no se detectaron órdenes directas ni un vínculo causal claro entre las decisiones de los denunciados y los resultados trágicos durante las manifestaciones.

El debate en el Congreso evidenció divisiones. Algunos legisladores de izquierda criticaron el archivo por considerar que protege a la mandataria y obstaculiza la investigación del Ministerio Público. Por su parte, familiares de las víctimas rechazaron la medida, denunciando que el Parlamento ignora el dolor y las consecuencias para las personas afectadas por la violencia en las protestas.

Las movilizaciones se originaron tras la destitución del expresidente izquierdista Pedro Castillo, quien intentó disolver el Congreso. Los manifestantes exigían la excarcelación de Castillo, la renuncia del Parlamento y la convocatoria a una nueva asamblea constituyente. Las fuerzas de seguridad respondieron con operativos que resultaron en decenas de muertos y cientos de heridos.