El Congreso peruano rechazó en segunda instancia la solicitud de Pedro Castillo para acceder a una pensión vitalicia de S/ 15,600 mensuales -unos 3,848 euros- en su calidad de expresidente.
De acuerdo con la decisión del Parlamento peruano, se declaró infundada la apelación hasta que no haya una sentencia judicial que lo declare inocente de los delitos que se le imputan, y por los que se encuentra cumpliendo prisión preventiva desde su fallido golpe de Estado en diciembre de 2022.
Castillo, a quien se le negó la pensión en abril, alegó en su apelación para conseguir la ansiada pensión que su destitución el 7 de diciembre de 2022 fue realizada de forma «ilegal e inconstitucional».
Asimismo, sostuvo que la negación de su derecho es arbitraria e ilegal, y que, al estar bajo investigación, aún mantiene la presunción de inocencia, por lo que considera injusta y arbitraria la restricción de sus derechos.
Castillo tiene una denuncia constitucional
Cabe precisar que la resolución emitida el último 14 de mayo, pero publicada este miércoles por medios locales, recordó que el Departamento de Recursos Humanos del Poder Legislativo peruano ya determinó que Castillo «se encuentra incurso en la suspensión del derecho a percibir la pensión para expresidentes» porque tiene una denuncia constitucional aprobada por el Congreso.
La ley peruana otorga una pensión vitalicia a los expresidentes, pero suspende ese derecho al que haya sido acusado constitucionalmente por el Congreso, salvo que exista una sentencia judicial que declare su inocencia.
El expresidente Castillo cumple una orden de prisión preventiva de 18 meses por el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, y otra de 36 meses de prisión preventiva mientras es investigado por presuntamente haber liderado una organización criminal enquistada en el Poder Ejecutivo.
