El Congreso de El Salvador extendió el martes por tercera vez consecutiva un controvertido estado de emergencia para combatir a las violentas pandillas en la nación centroamericana, en medio de denuncias de organizaciones por supuestas violaciones a los derechos humanos en el marco de la disposición.
Tras un repunte histórico de homicidios a fines de marzo, el presidente Nayib Bukele solicitó a los legisladores aprobar un régimen de excepción que suspende garantías constitucionales como la libertad de asociación, el derecho a la defensa, el plazo de detención y la inviolabilidad de la correspondencia.
La nueva extensión de esas medidas, que será por 30 días, fue aprobada por el legislativo salvadoreño, dominado por grupos afines a Bukele, con 67 votos a favor y 15 en contra.
«Estamos decididos a apoyar no solo una (prórroga) más, sino las que sean necesarias a la solicitud del Gobierno, porque es lo que está pidiendo la población», dijo a la prensa el jefe de facción del partido oficialista Nuevas Ideas, Christian Guevara.
En los tres meses de implementación de la estrategia, avalada en encuestas por el 70% de los salvadoreños, los cuerpos de seguridad han arrestado a más 41,300 personas por supuestamente pertenecer o colaborar con las pandillas.
A mediados de mayo se reportó que, en medio del estado de excepción, la fuerza pública detuvo a decenas de inocentes acusados de pertenecer a las pandillas para cumplir con cuotas de capturas impuestas por sus superiores.
«El régimen de excepción a estas alturas no tiene base constitucional, las prórrogas son inconstitucionales, no hay ninguna motivación ni una razón constitucional por las que el régimen deba seguirse prorrogando», afirmó a periodistas el abogado Abraham Ábrego, de la organización centroamericana Cristosal, que ha denunciado la muerte de 46 arrestados.
