El ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), suspendió Twitter/X en Brasil este viernes 30 de agosto. La caída de X (anteriormente Twitter) en Brasil, liderada por el ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), representa un nuevo avance en la consolidación de un autoritarismo judicial, marcado por la censura y el control sobre las redes sociales en el país.
Este texto explora la situación actual, destacando no solo los desarrollos más recientes, sino también proporcionando un contexto más amplio y un historial sobre el entorno de censura y represión que se ha desarrollado en Brasil durante los últimos 5 años. Para ello, revisamos las revelaciones de los *Twitter Files Brazil* y las denuncias de juristas sobre el llamado «Inquérito do Fim do Mundo», evidenciando cómo se formó y denunció la creciente «juristocracia autoritaria» en el país. Este texto periodístico pretende ser una guía para que la comunidad internacional entienda cómo se dio la transformación de Brasil en un país autoritario que prohíbe la principal plataforma del debate público en el planeta.
Acciones recientes de Moraes y la respuesta de Musk
La escalada más reciente del conflicto comenzó con la orden de Moraes para que X designara un representante legal en Brasil, bajo pena de suspensión de la plataforma en el país. Sin embargo, la empresa desafió la orden el 29 de agosto de 2024, afirmando que no cumpliría con «órdenes ilegales» y anticipando el posible bloqueo de la red social en Brasil. Elon Musk fue aún más directo en sus críticas, calificando a Moraes como un «dictador maligno disfrazado de juez» y acusándolo de usar su poder para censurar a opositores políticos, conforme señaló Folha de São Paulo.
El 30 de agosto de 2024, Alexandre de Moraes confirmó el bloqueo de X en Brasil, después de que Musk se negara a nombrar un representante legal en el país. Con el plazo vencido, Moraes no solo suspendió la operación de la red social, sino que también ordenó el bloqueo de las cuentas de Starlink, otra empresa de Musk, para garantizar el pago de las multas impuestas a X.
Además, el ministro envió órdenes a la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) para implementar la suspensión e instruyó a Apple y Google a eliminar la aplicación de sus tiendas virtuales. Moraes también impuso restricciones draconianas al uso de servicios de VPN, bloqueando plataformas como Proton VPN, Express VPN, NordVPN, entre otras.
El juristócrata brasileño incluso estipuló en su decisión una multa de 50 mil reales por día (aproximadamente 9 mil dólares) para quienes utilicen servicios de VPN, una medida digna de regímenes totalitarios como el de Corea del Norte.
Esta serie de acciones marca un punto álgido en la escalada de la censura en Brasil, generando una nueva ola de críticas a la actuación del Poder Judicial en el país. Elon Musk, en respuesta, prometió publicar «todas las exigencias ilegales del ministro y todos los documentos judiciales relacionados, para fines de transparencia».
Perspectivas sobre la libertad de expresión
Elon Musk se ha posicionado como un defensor de la libertad de expresión, confrontando lo que él ve como un intento autoritario de silenciar voces disidentes. El 29 de agosto de 2024, Musk acusó a Moraes de ser «un criminal de la peor especie, disfrazado de juez» y denunció que la izquierda global se ha convertido en «el partido de la censura».
Afirmó que la decisión de cerrar la oficina de X en Brasil se tomó para proteger a sus empleados de las amenazas de prisión hechas por Moraes, y que ceder a las exigencias del ministro comprometería la integridad de la empresa.
El papel del Poder Judicial y las implicaciones democráticas
Moraes defiende sus acciones como necesarias para preservar el orden y la legalidad en Brasil, especialmente frente a lo que él define como un uso de las redes sociales para la difusión de desinformación e incitación al golpismo, temas sensibles en el contexto político del país. En particular, el ministro ha utilizado la estructura del TSE para monitorear y castigar a los aliados del expresidente Jair Bolsonaro, una estrategia que, aunque justificada por la lucha contra la desinformación, genera preguntas sobre los límites del Poder Judicial y la posible politización de las decisiones. Esa es la narrativa de la Globo, la red de comunicación oficial del régimen.
La situación de X en Brasil resuena con las acciones tomadas por gobiernos autoritarios en otros países. En China y Corea del Norte, Twitter fue prohibido en medio de esfuerzos de control estricto del flujo de información. China, por ejemplo, bloqueó Twitter en 2009, poco después de una serie de protestas en la provincia de Xinjiang, donde los manifestantes de la etnia uigur fueron reprimidos.
De manera similar, Irán prohibió Twitter después de las elecciones de 2009, como parte de una represión a las protestas que utilizaban las redes sociales para organizar manifestaciones contra el Gobierno. Otros países, como Rusia y Turquía, también han implementado bloqueos o restricciones a Twitter, especialmente en momentos de agitación política, para controlar la difusión de información y suprimir la disidencia.
Esta realidad global coloca a Brasil en una posición preocupante. Al prohibir X, el país sigue el camino de regímenes que utilizan la censura para mantener el control sobre la población. La censura y el bloqueo de X en Brasil, al igual que ocurrió en estos regímenes, plantean preguntas cruciales sobre los límites de la autoridad estatal y el impacto de estas decisiones en la libertad de expresión y en la salud democrática del país.
Revelaciones de los Twitter Files Brasil
Toda esta búsqueda de censura de Twitter por parte de Alexandre de Moraes tiene un hito fundamental en las revelaciones hechas por los **Twitter Files Brazil**. Estos documentos, revelados por el periodista estadounidense Michael Shellenberger en colaboración con David Ágape y Eli Vieira Jr., sacaron a la luz detalles de una «amplia represión a la libertad de expresión liderada por un juez del Supremo», refiriéndose a Moraes. Publicados en abril de 2024, los archivos mostraron que el Tribunal Superior Electoral (TSE), bajo la dirección de Moraes, hizo exigencias ilegales a Twitter, como la solicitud de datos personales de usuarios que publicaron ciertas etiquetas y la censura de publicaciones sin ningún derecho de recurso para los involucrados.
Entre las revelaciones más alarmantes, Shellenberger destacó que el TSE exigió a Twitter la lista completa de personas que publicaron etiquetas relacionadas con el voto impreso, además de solicitudes para acceder a datos internos de la plataforma, en violación a las políticas de la empresa. Además, el TSE presionó para la censura de perfiles de parlamentarios brasileños que apoyaban al entonces presidente Jair Bolsonaro, transformando las políticas de moderación de contenido de Twitter en una herramienta contra los adversarios políticos de Moraes. Según Shellenberger, estas acciones configuran un claro intento de minar la democracia en Brasil, utilizando la censura como arma para interferencia electoral.
Otro fragmento revelador de los **Twitter Files Brazil** es el relato sobre la presión ejercida por el TSE para que Twitter eliminara globalmente, y no solo en Brasil, publicaciones y perfiles que criticaban el sistema electoral brasileño. Esta exigencia extrapolaba la jurisdicción del país y fue calificada por los abogados de Twitter como una «petición claramente abusiva». Además, Shellenberger señaló que las acciones del TSE durante el período electoral de 2022 se dirigieron no solo a eliminar contenidos que consideraban inconvenientes, sino también a identificar y castigar a los usuarios que los publicaron, evidenciando un uso autoritario del poder judicial para controlar el discurso público.
La Juristocracia Autoritaria
Este contexto de censura y abuso de poder fue ampliamente denunciado incluso antes de las revelaciones de los **Twitter Files Brazil**. *La Gaceta de la Iberosfera*, en un artículo publicado en noviembre de 2022, ya alertaba sobre la «juristocracia autoritaria» instaurada en los tribunales brasileños, particularmente bajo la influencia de Alexandre de Moraes. El periodista J.R. Guzzo describió la situación como «la mayor dictadura judicial jamás registrada en la historia política del país», destacando cómo el poder judicial, que debería ser comedido y equilibrado, comenzó a actuar de manera cada vez más abusiva, directa y politizada, especialmente desde el inicio del gobierno de Jair Bolsonaro.
El artículo destaca que esta «juristocracia» se consolidó con el uso de investigaciones judiciales creadas para perseguir a periodistas, políticos y activistas de derecha, en procedimientos donde los magistrados actúan simultáneamente como jueces, fiscales y víctimas. La investigación 4.781, por ejemplo, fue descrita como una «extraña colección de ilegalidades» por el fiscal Marcelo Rocha Monteiro, ya que fue iniciada no por la policía o el Ministerio Público, sino por el propio Poder Judicial, violando el sistema acusatorio de Brasil. El fiscal Cleber Tavares Neto también criticó el proceso, llamándolo «líquido y orwelliano», sugiriendo que los ciudadanos brasileños están siendo observados por un «Gran Hermano Supremo».
La expansión de esta estructura autoritaria se utilizó principalmente contra partidarios de Jair Bolsonaro y otros miembros de la derecha política, con acciones que incluyeron censura, persecución e incluso detenciones arbitrarias, siempre justificadas por la lucha contra las llamadas «fake news». Sin embargo, estas prácticas fueron vistas por muchos juristas como un ataque directo a la democracia, transformando al Poder Judicial en un instrumento de represión política.
El enfrentamiento entre Elon Musk y Alexandre de Moraes trasciende una simple disputa judicial y representa una batalla más amplia sobre los límites del poder estatal en la era digital. Mientras Musk se presenta como un defensor de la libertad de expresión, combatiendo una censura autoritaria, Moraes, en su intento de regular las redes sociales y castigar a los adversarios, se ha convertido en un censor y tirano, cuyas acciones están socavando las libertades civiles en Brasil. El desenlace de esta disputa podría tener profundas implicaciones no solo para Brasil, sino para el futuro de las relaciones entre los gobiernos y las grandes plataformas tecnológicas en todo el mundo.
