El Gobierno de Bolivia oficializó el jueves una denuncia en contra del expresidente del país, Evo Morales, a quien acusa de estar incurso en actos terroristas y buscar obstaculizar las elecciones presidenciales de agosto, para las que se encuentra inhabilitado de participar.
La denuncia se dio en un contexto en el que seguidores de Morales llevan semanas ejecutando protestas y bloqueos en distintos puntos de Bolivia. Exigen, por una parte, la renuncia del Ejecutivo presidido por Luis Arce y, por la otra, que se permita al exmandatario izquierdista presentarse como candidato en los comicios.
La misma se basa en un audio presentado a la prensa por uno de los seguidores del propio Morales, en el que se aprecia al exjefe de Estado conminar a sus partidarios a arreciar en las protestas. «Es con todo hermanos, es la batalla final», se oye en la pieza.
Morales, por su parte, ha desmentido el audio, tachándolo de falso. Los señalamientos en contra del expresidente fueron esbozados por el ministro de Justicia del país andino, César Siles, quien especificó que en esta ocasión le han demandado por un total de ocho delitos.
A la par de esto, el Supremo boliviano notificó que iniciará acciones penales contra partidarios de Morales que insisten en que el presidente pueda presentarse como candidato presidencial recurriendo a amenazas contra integrantes Poder Judicial boliviano y pese a estar inhabilitado constitucionalmente para ello.
