El Parlamento de El Salvador dio luz verde esta semana a la aprobación final de un paquete de reformas legales que contemplan, entre otras cosas, la autorización a la Fiscalía General de la República (FGR) para intervenir las líneas telefónicas de los ciudadanos.
La medida se hará efectiva a partir del 1 de junio, cuando el presidente del país, Nayib Bukele, arribe al cuarto aniversario de su mandato. La misma contempla la puesta en marcha de los Juzgados de Garantía, entes a través de los que se hará posible intervenir las telecomunicaciones de los salvadoreños con miras a hacer indagaciones penales.
El mandatario estuvo involucrado directamente en el diseño de estas leyes, que además fueron avaladas desde la Corte Suprema de Justicia (CSJ), también bajo el control del oficialismo.
La aprobación de este instrumento se da en un contexto en el que el Gobierno de Bukele ha operado el último año bajo la existencia de un estado de excepción, argumentando estar librando una «guerra contra las pandillas» que ya ha dejado más de 66.000 detenciones y la construcción de una megacárcel que se ha publicitado como la penitenciaría más grande de toda América.
