El Gobierno de Javier Milei, a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), ha dado de baja o suspendido más de 80.000 pensiones no contributivas por invalidez en el marco de una auditoría nacional lanzada a comienzos de año. El objetivo de la revisión ha sido depurar el padrón de beneficiarios y asegurar que la ayuda estatal llegue únicamente a quienes realmente lo necesitan.
El operativo de control, que abarcó a más de un millón de perceptores de este tipo de prestación, reveló datos contundentes: alrededor del 60% de los convocados no asistió a la evaluación médica obligatoria. Como resultado, se ejecutaron 65.230 suspensiones por inasistencia, a las que se sumaron 8.207 renuncias voluntarias y 6.643 ceses por fallecimiento.
La investigación llevada adelante por la ANDIS expuso un panorama alarmante: expedientes que contenían certificados clínicos apócrifos, una misma radiografía usada en decenas de solicitudes, dolencias mínimas como excusa para acceder a la pensión, y hasta personas detenidas o fallecidas que seguían figurando como beneficiarios. Incluso se detectaron casos de suplantación de identidad durante los exámenes médicos.
Desde el Ejecutivo destacan que esta medida no solo busca poner orden, sino también garantizar una distribución más justa de los recursos del Estado. En palabras de la propia Agencia, «esta auditoría es clave para redireccionar la asistencia a quienes sí requieren apoyo y acompañamiento real».
Gracias a esta depuración, el Estado argentino prevé un recorte en el gasto público cercano a los 23.000 millones de pesos, lo que equivale aproximadamente a 21 millones de euros según el tipo de cambio actual. El cálculo se desprende del acumulado mensual que representaban las pensiones ahora canceladas.
Aunque el proceso aún no ha finalizado, desde el Gobierno ya anticipan que las revisiones continuarán en los próximos meses y que podrían producirse más bajas si se detectan nuevas irregularidades. Solo el 7% de los casos auditados, según datos publicados por Infobae, cumplía con todos los requisitos establecidos.
La administración de Milei defiende la medida como un paso necesario hacia la transparencia y la eficiencia en la asignación del gasto social, en una etapa de fuerte ajuste fiscal.
