Pese a los intentos de algunos colectivos de izquierda de apoderarse del paro de 72 horas convocado por transportistas en Lima y otras ciudades peruanas para exigir al Gobierno de Dina Boluarte medidas para enfrentar el crimen organizado, estos no han logrado convertir la legítima protesta de este gremio en una movilización masiva que sacuda al régimen.
Y es que sus wiphalas, banderas del arco iris, trapos rojos y demás enseñas no solo han sido rápidamente reconocidas por las fuerzas del orden, sobre todo por los transportistas, quienes desde un principio rechazaron cualquier tipo de presencia de agrupaciones que pudieran darle un tinte político.
Parece que, en medio de la anarquía que atraviesa el Perú, el Congreso de la República es la institución más visible y propensa a recibir los golpes del rechazo popular, pues a pesar de no ser el responsable del manejo de la seguridad pública -eso es tarea del Poder Ejecutivo-, es el principal blanco de las críticas y demandas de parte de la ciudadanía cansada por la ola criminal.
Así, un grupo de dirigentes gremiales fueron recibidos por diputados de distintas bancadas en una de las salas del Palacio Legislativo. No cabe duda que estos legisladores buscaron ganarse algún favor o simpatía con esta recepción, pero terminaron siendo reprochados por su labor parlamentaria. Sobre todo, han sido cuestionados por la ley de crimen organizado vigente que, de acuerdo con sus críticos, estaría favoreciendo a las bandas criminales. La pretendida ley que busca tipificar los delitos de sicariato y extorsión como ‘terrorismo urbano’, también es otra norma que genera divisiones.
Paros sucesivos sin soluciones del Gobierno
El 26 de setiembre las empresas de transporte público que operan en la capital peruana realizaron un paro y una marcha para manifestar su descontento por el aumento de las extorsiones y asesinatos que sufren de parte de organizaciones criminales.
Unos días antes, los transportistas paralizaron sus actividades debido a los ataques que sufrieron por parte de pistoleros, que acribillaron sus unidades y asesinaron a choferes. Su protesta, que incluyó el bloqueo de ciertos tramos de una de las principales carreteras de Lima, la Panamericana Norte, obligó a la Policía Nacional (PNP) a emplear gases lacrimógenos para dispersarlos.
Primer ministro advierte de «infiltrados»
El presidente del Consejo de Ministros (PCM), Gustavo Adrianzén, aseguró que el Gobierno respeta el derecho a la protesta, pero no va a tolerar la «protesta criminal» que bloquee las carreteras o afecte el patrimonio público y privado.
En esa línea, indicó que la figura del ‘terrorismo urbano’ que impulsa el Poder Ejecutivo, está destinada en gran medida a enfrentar este tipo de situaciones.
«No vamos a tolerar que la protesta sea criminal, que impida que las ambulancias circulen, que afecte el patrimonio público y privado, que incendia locales del Poder Judicial, Ministerio Público y comisarías. Esa protesta no la vamos a tolerar, y vamos a aplacar esa protesta», dijo en conferencia de prensa este jueves por la noche, al dar un balance del primer día del paro convocado por los transportistas.
Adrianzén aseguró que el Gobierno ha podido constatar que la reivindicación de los transportistas fue opacada por actores ajenos a la causa, que exigían la libertad del expresidente Pedro Castillo, vacancia presidencial y nueva Constitución.
«Estos nuevos actores, estos oportunistas, lo tenían planeado. Han visto el éxito del paro de transportistas en días anteriores y dijeron que es su oportunidad. Y ahí se han infiltrado. Los gremios de transportes los han identificado y los han separado. Los enfrentamientos que hemos visto no son casuales. Será objeto de una investigación. Creemos que esto forma parte de una maniobra vil que pretende desestabilizar al país«, afirmó.
Si bien las declaraciones de Adrianzén -que apeló a lo ocurrido durante las violentas protestas de finales de 2022 y principios de 2023 contra el recién inaugurado Gobierno de Boluarte para justificar la eventual represión de la violencia callejera- podrían generar suspicacias sobre lo que parece ser, a primera vista, una defensa endeble frente al rechazo ciudadano, hechos como la captura por parte de la PNP de cinco sujetos que portaban fierros para pinchar neumáticos y evitar el traslado de vehículos, refuerzan las advertencias del primer ministro peruano de grupos dedicados a generar caos durante las protestas.
