El ministro de Exteriores de Venezuela, Yván Gil, ha justificado este martes el cierre de la oficina en Caracas de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, alegando que se había alejado de su «mandato de imparcialidad» para ser «una suerte de bufete particular de grupos golpistas y terroristas».
Gil, que ha hablado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ha alegado que el régimen de Nicolás Maduro se vio «obligado» a ordenar el cierre de dicha oficina hasta que se adopten «correctivos pertinentes», lo que pasaría por evitar la «politización» y la «injerencia».
«Resulta sorprendente que la oficina del Alto Comisionado no haya sido capaz de pronunciarse ni una vez ante las denuncias sustentadas del Gobierno nacional de intentos de golpes de estado y magnicidio recientemente frustrados», ha denunciado el jefe de la diplomacia venezolana. En cambio, según Gil, la oficina «se ha hecho eco de la campaña de sectores radicales» que «atacan las instituciones».
«Hasta el presente, mi país ha sido objeto de casi mil medidas coercitivas, unilaterales, ilegales y extorsivas», ha resumido Gil, que atribuye estas «disposiciones criminales» a intentos para forzar «un cambio de régimen» en el país sudamericano. Caracas considera incluso que son un crimen contra la humanidad.
