La dictadura de Cuba ha dado por concluido el proceso de excarcelación de 553 reclusos anunciado a mediados de enero, si bien desde las organizaciones disidentes han advertido de que menos de la mitad de las personas beneficiadas pueden catalogarse de presos políticos.
La vicepresidenta del Tribunal Supremo, Maricela Sosa Ravelo, ha anunciado en una entrevista a la televisión estatal el final de un proceso que ha descrito como «exitoso». La salida de la cárcel, ha advertido, no exime de que algunos de estos presos tengan que cumplir una serie de garantías u otras sanciones «accesorias», informa el diario ‘Granma’.
La ONG Prisoners Defenders ha denunciado que de los 553 liberados sólo 229 pueden considerarse presos políticos, de los cuales una decena ya se beneficiaban de un permiso que las autoridades se han limitado a prolongar. El resto estarían catalogados como «presos comunes», según la organización, que ha denunciado en estos meses la falta de transparencia del Gobierno de Miguel Díaz-Canel.
Prisoners Defenders considera que lo que concluye ahora es «un intento de fraude del régimen cubano», que buscaría valerse de este tipo de anuncios para conservar el poder. «Es la primera vez que el régimen fracasa en un intento de engañar a la comunidad internacional», ha remachado.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) ha reducido a 212 la cifra de presos políticos excarcelados y ha incidido en que algunos ya estaban fuera de prisión. «El régimen cubano, una vez más, pretende engañar a la comunidad internacional», ha lamentado esta organización, al recordar en un comunicado que siguen entre rejas «al menos» 760 disidentes.
