Daniel Ortega y Rosario Murillo han ejecutado una nueva purga en la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, proponiendo a figuras leales al régimen tras la renuncia de cinco de los diez magistrados del alto tribunal, acrecentando aún más el control del binomio Ortega-Murillo sobre las devastadas instituciones del país centroamericano.
La propuesta, firmada por Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, representa un mero trámite legislativo en el que el parlamento aprobará sin discusión lo decidido por la dictadura sandinista, según fuentes consultadas por Infobae.
Los magistrados que renunciaron eran considerados meramente ornamentales, limitándose a formalizar órdenes emanadas directamente desde la residencia presidencial, conocida como El Carmen. Una reforma constitucional de febrero de 2025 redujo el número de magistrados en Nicaragua de 16 a 9 y eliminó la independencia judicial, dejando a la Corte como un apéndice del poder Ejecutivo.
Entre los nuevos candidatos destaca la fiscal general Ana Julia Guido, señalada por organismos internacionales por su rol en la fabricación de casos contra presos políticos. También figuran los magistrados Octavio Rothschuh Andino y Ernesto Rodríguez Mejía, ambos acusados de participar en procesos ilegales para despojar de la nacionalidad a opositores y sancionados por Estados Unidos.
Los otros dos candidatos, Shura Bonilyn Welcome Crawford y José Manuel Fuertes Toledo, completan un cuadro de designaciones alineadas con el sandinismo gobernante.
