El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha sido objeto de nuevos cuestionamientos luego de que este martes el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) señalara que Managua ha estructurado una sofisticada red de espionaje y represión trasnacional contra sus opositores, encabezada por el cocanciller nicaragüense Valdrack Jaentschke.

De acuerdo con un informe de dicho ente Jaentschke ha sido una pieza fundamental en la estruturación de una red dirigida a supervisar a un vasto grupo de exiliados políticos nicaragüenses, utilizando además para ello recursos públicos del país centroamericano.

«El Gobierno de Nicaragua está financiando la represión de sus opositores mediante el desvío de fondos públicos y está atacando a personas exiliadas a través de una red transnacional de vigilancia e inteligencia», destaca la comunicación difundida por la ONU.

Así, el Grupo de Expertos ha recordado que «la represión y la corrupción institucional se han convertido en el método de gobierno en Nicaragua bajo el control de la familia Ortega-Murillo», al tiempo que ha recordado que «la persecución política es financiada por el Estado, ejecutada a través de sus instituciones y se extiende más allá de las fronteras para garantizar que nadie —absolutamente nadie— se interponga en el camino del régimen».

«El Gobierno ha privado arbitrariamente de su nacionalidad a 452 nicaragüenses, ha dejado a miles más de exiliados en situación de apatridia de facto al negarse a renovar o proporcionar documentos, y ha impedido a muchos regresar a Nicaragua. Otras personas han enfrentado vigilancia, hostigamiento, campañas de difamación, uso indebido de mecanismos de INTERPOL, confiscación de propiedades y castigos por asociación contra familiares que se encuentran en el país», ha recordado además la ONU.