La dictadura de Daniel Ortega ha arremetido nuevamente contra Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que hacen vida en Nicaragua. En esta ocasión el régimen canceló la personalidad jurídica de 17 ONG, destacando entre ellas la Asociación de Bancos Privados del país (Asobanp).
La decisión se ha materializado a través del Ministerio de Gobernación del régimen, encabezado por María Amelia Coronel. Con ello, y desde 2018, ya son 3.223 organismos de este tipo los que han visto su funcionamiento truncado por decisión de Ortega.
La Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp) se había pronunciado recientemente en contra de las ejecutorias de la dictadura sandinista; en específico pusieron en cuestionamiento una reforma a la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias, aprobada por el Parlamento de la nación centroamericana, en donde Ortega cuenta con amplia mayoría.
Las críticas de la Asobanp señalan que dicha reforma a la Ley viola el derecho a la libertad de empresa de los nicaragüenses, promueve el blanqueo de capitales dentro del país y lo expone eventualmente a quedarse fuera del sistema financiero internacional.
