Cuando falta poco más de una semana para que se lleve a cabo el ballotage en el que Brasil decidirá si mantiene en el poder al presidente Jair Bolsonaro o se decanta por el retroceso que implica la vuelta al mismo de Luiz Inácio Lula da Silva, han cobrado notoriedad las medidas que está tomando el Tribunal Superior Electoral (TSE) del país para regular los contenidos de campaña de ambos candidatos.
Así, las disposiciones del TSE han suscitado alarmas de que se está llegando a la censura del debate político legítimo.
La campaña de Bolsonaro se ha quejado de que el TSE le ha dicho que no publique anuncios en los que se llame a Lula «corrupto» y «ladrón» porque las condenas por soborno que le llevaron a la cárcel fueron anuladas posteriormente por el Tribunal Supremo.
Las emisoras brasileñas también han dicho que se les ha prohibido utilizar las palabras «exconvicto», «ladrón» o «corrupto» al hablar de Lula. El grupo de presión de las emisoras, ABERT, protestó porque esas decisiones interferían en la libertad de expresión.
Todo lo cual constituye un sin sentido, dado que Lula fue condenado e incluso pasó 580 días en la cárcel por estar incurso en casos de corrupción derivados de la mega trama que develó la investigación del Lava Jato.
Aunado a esto, los aliados de Bolsonaro se quejan de que el TSE no ha impedido que los partidarios de Lula acusen al presidente de «genocidio» por su gestión de la pandemia del COVID-19.
