El éxito del plan diseñado por Estados Unidos para estabilizar Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro dependerá de la capacidad para neutralizar la presencia militar de Irán y la influencia estratégica de Rusia y China en el país. Así lo advirtió esta semana el Centro para una Sociedad Libre Segura (SFS), que alerta de que la caída del líder chavista no supone, por sí sola, el desmantelamiento del entramado criminal que sostiene al régimen.

Venezuela se encuentra en la fase inicial de un programa de tres etapas —estabilización, recuperación y transición— impulsado por Washington tras el operativo policial estadounidense del pasado 3 de enero en Caracas, que concluyó con el arresto de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores. El secretario de Estado, Marco Rubio, presentó la hoja de ruta ante el Congreso la semana pasada como el marco para restaurar la democracia en el país sudamericano.

La estrategia fue trasladada esta misma semana a las autoridades venezolanas por la embajadora Laura Dogu, Encargada de Negocios de la Unidad de Asuntos de Venezuela (UAV), durante una reunión en el Palacio de Miraflores con la presidenta interina Delcy Rodríguez y con el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

En un informe titulado «Después de Maduro: Desafíos para la Estabilización de Venezuela», SFS subraya que la captura del exdictador evidenció la capacidad operativa de Estados Unidos y abrió una oportunidad política inédita, pero insiste en que el núcleo del poder chavista sigue intacto. Según el centro de análisis, el verdadero riesgo no reside en una figura concreta, sino en un modelo híbrido de gobernanza criminal que combina represión, economías ilícitas y apoyo de actores extranjeros.

Ese sistema, advierte SFS, opera como una red adaptable que imita estructuras estatales y conserva una elevada capacidad de reorganización. Su eje se sostiene en una red de clientelismo y protección anclada en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y en la Guardia Presidencial, pilares que continúan activos pese a la presión internacional.

Uno de los focos más preocupantes señalados por el informe es la implantación militar de Irán en territorio venezolano. SFS alerta de que la cooperación con Teherán no se limita al suministro de drones, misiles o munición, sino que incluye una infraestructura operativa con implicaciones directas para la seguridad regional. En este contexto, el centro recomienda vigilar movimientos anómalos en enclaves estratégicos como la base militar El Libertador, en Maracay, o el puerto de Puerto Cabello.

La posible activación o redistribución de estos sistemas por parte de remanentes del régimen, redes criminales o agentes iraníes podría servir para sabotear puertos, intimidar a las autoridades de transición y elevar el coste de la intervención internacional. El despliegue del dron Mohajer-6, con un alcance aproximado de 2400 kilómetros, refuerza, según SFS, la dimensión regional de la amenaza.

El informe también pone el foco en el papel desempeñado por China en la construcción del aparato de control digital del chavismo. Pekín colaboró en el desarrollo de la plataforma Patria, inspirada en el sistema de crédito social chino, así como en la implantación de tecnologías de identificación y pago como Biopago. A ello se suma la presencia reportada de técnicos chinos en la empresa estatal de telecomunicaciones CANTV.

SFS insta a las autoridades a detectar señales de continuidad de este entramado digital, como contratos opacos, renovaciones de sistemas vinculados a la identidad ciudadana o movimientos estratégicos en infraestructuras críticas, incluidos puertos y aeropuertos, bajo el pretexto de operaciones comerciales.

En paralelo, el informe advierte de una intensa coordinación diplomática de Rusia, China e Irán, visible en gestos de alto perfil y en una aceleración de las actividades conjuntas, orientadas a preservar su influencia en el escenario post-Maduro.

A estos factores se suman otros riesgos estructurales, como la actividad de los colectivos armados y milicias socialistas, la expansión del Tren de Aragua, la presencia de las FARC y el ELN colombianos, la flota petrolera en la sombra del régimen, la minería ilegal en el devastado Arco Minero del Orinoco y el uso de criptomonedas —especialmente Tether (USDT)— para operaciones financieras ilícitas.

En el plano político, SFS considera prematuro plantear elecciones sin una fase previa de estabilización real. Aunque la destitución de Maduro abrió una oportunidad, la organización subraya que la estructura de poder sigue operativa y mantiene capacidad de coerción. En este contexto, los procesos electorales corren el riesgo de servir para legitimar un sistema aún dominado por la intimidación, el control territorial informal y el arbitraje institucional manipulado.

Sólo una degradación efectiva de estas capacidades —con la recuperación del monopolio legítimo de la fuerza y del control institucional— permitiría que unas elecciones generasen gobernabilidad democrática en lugar de consolidar una continuidad encubierta del régimen.

Por último, SFS destaca que el desenlace del proceso dependerá también de la respuesta de la sociedad venezolana. La gran incógnita, plantea el informe, es si la ciudadanía mantendrá la movilización cívica y construirá nuevos espacios de participación o si, tras décadas de autoritarismo, optará por esperar resultados en lugar de organizarlos.