Las autoridades de Estados Unidos han impuesto este miércoles un paquete de sanciones contra 21 funcionarios del régimen venezolano, encabezado por Nicolás Maduro, y miembros de su aparato de seguridad por su implicación en el fraude electoral y en las acciones represivas adoptadas tras los comicios del 28 de julio.
El Departamento del Tesoro ha indicado en un comunicado que todos ellos -entre los que se encuentra Daniella Desiree Cabello Contreras, la hija del ministro del Interior venezolano-, han sido sancionados debido a que mantienen vínculos con las autoridades del país caribeño y han «apoyado y contribuido a sacar adelante las órdenes de Maduro para reprimir a la sociedad civil en sus esfuerzos por declararse ganador de forma fraudulenta de las elecciones venezolanas».
«Han ayudado a ignorar la voluntad de la mayoría de los votantes, que han elegido a Edmundo González Urrutia como su próximo presidente», recoge el texto, que apunta a que las fuerzas de seguridad -de las que forman parte algunos de los sancionados- han detenido de forma arbitraria a algunos opositores de forma masiva y violenta, negando a la población el derecho a reunirse pacíficamente», ha señalado el Tesoro.
Entre las tácticas utilizadas por estos funcionarios se encuentran los «arrestos arbitrarios», incluido el del propio González, que se «vio obligado a abandonar Venezuela», indica el comunicado. «Todo esto supone un intento desesperado de silenciar las voces de los ciudadanos», ha indicado el subsecretario del Tesoro para Asuntos de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Bradley T. Smith.
«Estados Unidos seguirá señalando a aquellos que usan la violencia y la intimidación para socavar la democracia y el derecho legítimo a la libertad de expresión», ha apuntado el Tesoro, que sitúa ya en 2.000 las personas que han visto restringidos por «verse implicados en actos de corrupción o haber violado los Derechos Humanos del pueblo venezolano».
Entre los sancionados se encuentra el ministro de Despacho de la Presidencia, Aníbal Coronado; el de Comunicación, Freddy Ñáñez; y el de Servicios Penitenciarios, Julio García Zerpa, además de varios altos cargos de la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).