La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia imputó este lunes crímenes de guerra y de lesa humanidad a cinco excomandantes de las FARC por 68 hechos de violencia sexual. Los imputados, que fueron comandantes del Frente Sexto y de las columnas móviles Jacobo Arenas y Gabriel Galvis, asumieron responsabilidad por mando al no ejercer un control efectivo para prevenir, investigar y sancionar los crímenes cometidos por sus subordinados contra mujeres y niñas reclutadas en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca.
El alto tribunal los halló responsables de crímenes de lesa humanidad como violación, otras formas de violencia sexual de gravedad comparable, así como de crímenes de guerra que incluyen tortura, ultrajes contra la dignidad personal, abortos y anticoncepción forzados practicados a menores y mujeres reclutadas.
Según la JEP, estos hechos responden a un patrón criminal de violencia sexual y otras violencias basadas en género ejercidas tanto contra la población civil como contra integrantes de las FARC en el marco de la disputa por el control territorial y social de la zona, tal y como reseña EFE.
La decisión se produce en un contexto en el que la justicia transicional colombiana ha documentado el impacto del conflicto sobre la infancia: en agosto de 2021, la JEP cifró en al menos 18.677 los menores víctimas de reclutamiento forzado por parte de las guerrillas entre 1996 y 2016. En marzo pasado, los últimos jefes de las FARC reconocieron su responsabilidad y pidieron perdón por el reclutamiento y la utilización de miles de niñas, niños y adolescentes durante el conflicto, tras ser imputados por ese delito.
