El Tribunal Supremo de Brasil ha acordado mantener la persecución política al expresidente Jair Bolsonaro y a siete de sus aliados, e imputarles por los presuntos delitos de «rebelión» e «intento de golpe de Estado».
En un mensaje en la red social X, Bolsonaro ha denunciado que «tienen demasiada prisa» por condenarle, y que el proceso contra él «avanza» a «una velocidad al menos 10 veces más rápida que la de Lula da Silva en Lava Jato». La motivación, según el expresidente, «no es jurídica, sino política». «Quieren impedir (…) que me presente libre a las elecciones porque saben que en una contienda justa no hay ningún candidato capaz de ganarme».
«A juzgar por lo que leemos en la prensa estamos ante un juicio con fecha, objetivo y resultado definidos de antemano (…). Sería un teatro procesal disfrazado de justicia que pretende interferir en la dinámica política y electoral del país (…). Todos saben que lo que está ocurriendo es una especie de atentado contra la democracia: un juicio político conducido de forma parcial, sesgada y abiertamente injusta por un ponente (…) cuyo objetivo es vengarse, detenerme y eliminarme de las urnas», ha agregado, en referencia la juez izquierdista Alexandre de Moraes.
El expresidente ha remarcado que con su nombre en la carrera presidencial, su victoria y la conquista de la mayoría en el Senado serían «resultados ineludibles»: «Cuanto más pisotean las reglas, los plazos y las garantías para intentar eliminarme, más evidente se hace su miedo a las urnas y a la voluntad popular. Si realmente creyeran en la democracia que dicen defender se enfrentarían a mí en las urnas».
En este sentido, ha manifestado que la comunidad internacional «sigue de cerca lo que ocurre en Brasil». «Juristas, diplomáticos y líderes políticos ya reconocen el patrón: es el mismo guion que se vio en Nicaragua y en Venezuela. Persecución selectiva, acusaciones vagas de ‘extremismo’ o ‘amenaza a la democracia’ y el intento de eliminar a la oposición por vías legales».
