El presidente de Argentina, Javier Milei, es actualmente el mandatario sudamericano con mejor valoración en su gestión, de acuerdo a un reciente sondeo efectuado por la demoscópica CB.
El estudio, realizado entre el 11 y el 15 de junio por la firma argentina utilizando un promedio de 1250 entrevistas por país, afirma que Milei cuenta con una imagen positiva del 55,7% y un 41,9% de imagen negativa, superando al actual mandatario de Ecuador, Daniel Noboa, quien cuenta con una valoración positiva del 54, 3%.
Les siguen, de acuerdo a CB, el presidente izquierdista de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (51,3% de aprobación), el jefe del Ejecutivo del Uruguay, Luis Lacalle Pou (50,8% de aprobación) y el presidente de Paraguay, Santiago Peña (48,3% de imagen positiva).
En concreto, Milei acumula hasta ahora un 27,9% de personas que consideran que tiene una imagen «muy buena» y otro 27,8% que contemplan su gestión como «buena»; entretanto, un 13,6% cree que es «mala» y un 28,1% la considera «muy mala».
La misma encuesta ubica como el presidente de la región con más rechazo a la mandataria peruana Dina Boluarte, con un 68,5% de imagen negativa; seguida de los izquierdistas Gabriel Boric (60,1% de rechazo), Gustavo Petro (57,4% de rechazo), Nicolás Maduro (58,4% de rechazo) y Luis Arce (52,8% de rechazo).
Milei y sus primeros seis meses de Gobierno
Vale decir que el buen registro en materia de popularidad de Milei se da justo en medio de sus primeros seis meses al frente del Ejecutivo argentino, tras haber dado luz verde a una serie de políticas destinadas a sanear la administración pública del país austral.
En días recientes el titular de la Casa Rosada obtuvo una gran victoria en el Senado, tras lograr que la Cámara Alta del país sudamericano aprobase su proyecto de Ley Bases, un compendio de reformas destinadas a modificar sustancialmente las relaciones entre los ciudadanos y un Estado golpeado por la corrupción y el clientelismo heredado de gestiones precedentes.
Dicha ley crea un marco legal para la declaración de «emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética» en la nación hispanoamericana. Del mismo modo, plantea exenciones e incentivos a empresas que realicen grandes inversiones, un programa de privatización de empresas que actualmente son manejadas por el Estado y la modernización del régimen laboral existente en el país.
